Xavier Vives: La casa de l’euro, en construcció

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a que el Banco Central Europeo (BCE) asuma dentro de un año la supervisión del sistema bancario en la eurozona. Este es un paso importante en la llamada unión bancaria, que debería incorporar también una autoridad de resolución común para bancos que tengan problemas, así como un fondo de garantía de depósitos común. La autoridad de resolución bancaria debe decidir qué bancos se liquidan, cuáles se reestructuran y cómo se financian las operaciones. Sería la versión europea del español FROB. Sin embargo, el proyecto de la Comisión Europea sobre una autoridad de resolución centralizada ha sido vetado por Alemania en la reciente cumbre de Vilna. Alemania prefiere que se coordinen los fondos de resolución nacionales en una primera fase que, previa una reforma de los tratados de la Unión Europea, culminaría posteriormente en una autoridad integrada. Un fondo de garantía de depósitos común se pospone indefinidamente.

La cuestión de fondo es que tanto la autoridad de resolución como el fondo de garantía de depósitos requieren un soporte fiscal, es decir, dinero de los contribuyentes europeos. Esto implica un grado de integración fiscal del que actualmente aún estamos muy lejos. Alemania insiste en que los contribuyentes europeos no pueden financiar los activos tóxicos heredados de la crisis financiera, sino que deben ser los respectivos países los que asuman al carga. El problema es que las crisis bancarias y de deuda soberana, tal como hemos sufrido en España, se retroalimentan mutuamente en un círculo vicioso. Alemania teme toda mutualización de la deuda, ya sea directa o ya sea a través de los fondos de resolución bancaria o de seguro de depósito. Se está jugando con fuego al posponer y limitar la unión bancaria. Por ejemplo, el BCE como supervisor necesita una autoridad de resolución independiente. ¿Cómo se puede avanzar hacia una mayor unión en Europa en esta situación?

La experiencia histórica de Estados Unidos de América nos puede ser útil. Alexander Hamilton defendió ante James Madison y Thomas Jefferson que la deuda de la guerra de la independencia acumulada por los estados debía ser asumida por la nueva federación. Esto fue posible en 1790 porque la Unión estableció sus propios impuestos (un arancel) y recaudó sus propios ingresos, y porque había un presidente electo. En efecto, George Washington había sido investido presidente en 1789. En Estados Unidos también se produjeron conflictos entre los estados que habían hecho esfuerzos para pagar la deuda de la guerra, como Maryland y Virginia, y los que no, y acerca del alcance de las competencias federales. La polémica entre Hamilton y Madison sobre el tema ha pasado a la historia y sigue siendo un referente en el debate entre centralización o federalismo.

Al final se llegó a un acuerdo y el arreglo acabó favoreciendo a los estados del norte. Los estados del sur obtuvieron algunas cláusulas de protección de sus intereses y la capital se trasladó de Filadelfia a Washington, una ciudad más meridional. En particular, como nos recuerda el historiador Harold James, se limitó la exposición a la deuda común de Virginia, que era el estado políticamente más importante. Eventualmente, la situación alcanzó tal tensión que desencadenó la guerra civil. De hecho, un elemento que contribuyó a la tensión fue el arancel impuesto por Hamilton al penalizar las exportaciones del sur y favorecer la producción del norte. Después de la guerra civil, varios estados se encontraron en apuros financieros y sus bonos cotizaban con grandes descuentos. Entonces no se adoptó la opción de Hamilton y la federación no asumió las deudas (es decir, no se produjo un rescate). A finales de siglo se habían introducido muchas limitaciones a la deuda estatal, así como leyes de equilibrio en el presupuesto. Se impuso una restricción presupuestaria dura para los estados de la Unión que ha perdurado hasta hoy.

La Unión Europea no ha sido capaz de imponer la cláusula de no rescate a los estados miembros, tal como demuestran los sucesivos rescates que se han dado, empezando por Grecia. La UE, y la eurozona en particular, intentan ahora imponer el equilibrio presupuestario mediante un pacto fiscal. En Europa no hay impuestos federales (quizá el primero de este tipo será el polémico impuesto sobre las transacciones financieras), ni presidente electo. El problema es que la unión fiscal en la UE puede resultar una ficción sin una mayor integración política y sin impuestos federales. La cláusula de no rescate de los estados será creíble solamente cuando existan estas instituciones para amortiguar las perturbaciones asimétricas en los países miembros tales como el estallido de una burbuja inmobiliaria. En el camino de la mutualización de la deuda, que tanto teme Alemania, convendría recordar los límites a la exposición a los pasivos comunes que obtuvo Virginia para estabilizar la Unión en Estados Unidos.

Quizás la lección principal de la experiencia de EE.UU. es que el camino para construir una estructura federal no es fácil y necesita sobre todo voluntad política, y esta no puede ser suplantada por comités de expertos y tecnócratas.

Xavier Vives, Caffe Reggio, La Vanguàrdia, 20/09/2013

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