Alessandro Gentile: Emancipació juvenil en temps de crisi

Alessandro Gentile: Emancipació juvenil en temps de crisi

Un diagnòstic per impulsar la inserció laboral i la transició residencial

La Fundación Alternativas ha presentat, en un document d’Alessandro Gentile, una diagnosi articulada de l’emancipació juvenil, i planteja possibles polítiques per sostenir la transició a la vida adulta en el context de l’actual crisi econòmica

 

Conclusions

 

Estudiar la condición social de los jóvenes y hacer un seguimiento de la misma desde la investigación sociológica es fundamental para diseñar e implementar políticas adecuadas para este colectivo, durante el curso de la crisis económica actual y en proyección más allá de ésta. A través de los datos presentados en este informe hemos descrito algunos de los aspectos más destacados que caracterizan la situación de los jóvenes españoles a partir del 2008 e inmediatamente antes de que empezara este grave periodo de recesión e inestabilidad.

En los apartados del estudio, se ha hecho especial hincapié en las dinámicas de abandono escolar y de sobre-cualificación, en los componentes del paro juvenil y de la flexibilidad laboral así como en los niveles salariales de los jóvenes, hasta centrarnos en los elementos culturales y estructurales que condicionan su acceso al mercado de la vivienda y sus transiciones residenciales. Para cada ámbito se han realizando también comparaciones entre generaciones y entre España y otros países del entorno europeo. De este diagnóstico emerge una situación preocupante que necesita una reflexión profunda por parte de los agentes sociales y de los decisores políticos.

Los jóvenes españoles viven el presente con mucha incertidumbre y poca seguridad en el futuro. De manera paulatina, las nuevas generaciones están cobrando consciencia que aunque sus ciclos formativos se extiendan no necesariamente les permitirán integrarse en la sociedad como ellos quisieran. Nuestros veinteañeros participan en el mercado de trabajo sabiendo que los empleos que pueden conseguir no serán para siempre y tampoco son garantía inmediata de un salario más que mileurista, mientras que sus opciones residenciales están ligadas a cálculos contingentes de coste-oportunidad, que los aboca a menudo al mantenimiento del bienestar que gozan en casa con los padres en lugar de embarcarse en una emancipación que materialmente no pueden sostener por su cuenta.

Estas situaciones influyen directamente en la calidad de vida y en la planificación de las transiciones vitales de los jóvenes así como en sus pautas de inserción social. Sus estrategias se moldean a partir de las circunstancias que encuentran en sus contextos de emancipación, y también en función de los recursos que pueden activar gracias a la ayuda de los padres. A este propósito, cabe destacar la ambivalencia existente entre la dependencia real y la autonomía expresiva de los jóvenes españoles (Alonso, 2001): ellos no logran (o lo logran parcialmente) desarrollar itinerarios de independencia estables y acordes con sus expectativas, pero participan en el sistema de consumo, mantienen su bienestar, evitan la precariedad y desarrollan sus primeras experiencias de emancipación al amparo del apoyo y de las transferencias que sus familias realizan a su favor.

La solidaridad que se despliega dentro de los hogares hace que la familia siga siendo una unidad de integración, y de autodefensa – material y social –, para sus componentes. Sin embargo, la reproducción de esta lógica familista, típica de nuestro sistema de bienestar, presenta unas contradicciones. Por un lado, las familias responden a la situación haciéndose cargo del aplazamiento estratégico de la emancipación de los hijos, tutelándoles frente a los riesgos de precariedad, previniendo las consecuencias más desfavorables para ellos y evitando que su bienestar presente y futuro quede frustrado. Por otro lado, responsabilizar excesivamente a los padres a la hora de absorber los efectos negativos del contexto exterior, promueve una condición de semi-dependencia prolongada, y por ello paralizante y anti-pedagógica, desde un punto de vista del fomento de la autonomía personal del joven. Además, estas ayudas dependen de cómo cada hogar puede enfrentar la crisis, es decir según los recursos disponibles, por lo que se reproducen las asimetrías sociales existentes.

Unos indicios de esta última cuestión los encontramos, concretamente, en la creciente polarización que está sufriendo nuestro tejido societario. Aunque en este informe no se haya insistido en la variable de clase social, es fácil intuir que relegar a los jóvenes a sus hogares de procedencia significa también destinarles a un entorno donde los vínculos y las oportunidades dependen más de la condición social de la familia de origen que de un derecho positivo de afirmación e integración social en paridad de condiciones. De hecho, la subsidiaridad entre instituciones públicas y familias en la provisión de bienestar ha favorecido y sigue favoreciendo, de forma más o menos explícita, unas soluciones “de puertas adentro” que aíslan a los hogares en sus compromisos de sobrevivencia funcional y de enclasamiento de sus jóvenes. Tales dinámicas, reforzadas por las transferencias inter-generacionales descendientes en las familias y por prácticas difusas de negociación paterno-filial, ha consentido también que crezca la desconfianza hacia organismos externos a la familia (como por ejemplo los representantes políticos), que de esta manera son tachados de únicos verdaderos responsables de la crisis.

Cuando el país atravesó un periodo de bonanza económica se perdió la oportunidad de redistribuir la riqueza y se sembraron las raíces de un bienestar material y patrimonial que estaba minado por la especulación, por el crédito financiero y por una atracción generalizada por la ganancia (relativamente) fácil y veloz. Los jóvenes también se han beneficiado de este crecimiento, pero de forma indirecta, a través de sus padres, a pesar de las posiciones marginales y periféricas que seguían ocupando en el mercado de trabajo. Por ello, es como si las familias hubieran estado compensando a los hijos dentro del hogar por la precariedad laboral que sufrían fuera del mismo. Por su parte, los jóvenes, excepto en casos residuales, no han explicitado su marginación social y política porque veían garantizado su bienestar en casa. Asimismo, siguiendo está lógica, ellos han mantenido una perspectiva anclada en la reproducción del familismo y del individualismo posesivo (Gil Calvo, 2005) que han acabado incrementando el beneficio privado y la deuda privada.

Del análisis realizado, entendemos que estas contradicciones estallan con toda su fuerza en un momento particularmente difícil para el país. Sin embargo, habría que reconocer también que las dificultades que estamos resaltando ahora se han ido gestando en tiempos anteriores al 2008. En este sentido, la crisis económica y financiera actual es un elemento crucial no solamente por el drama humano y social que supone (para algunos más que para otros) sino porque acelera una inestabilidad estructural que ya se venía preparando desde que el país salió de la crisis de los años noventa.

Como comentó Hilary Clinton en 2009, con una frase que navega entre el optimismo y la paradoja, “no se debería desaprovechar una buena crisis”. Hablando de políticas de emancipación juvenil esta provocación podría ser el motor para un cambio de paradigma, social, cultural y político, para pensar en un nuevo modelo social que nos permita salir de la crisis y vivir a pesar de ella y después de la misma. Desde un punto de vista de políticas sociales concretas, esta perspectiva se traduce en un refuerzo inmediato de los eslabones actualmente más vulnerables de la sociedad, pero también en la provisión de medidas que relancen la participación social, la iniciativa personal (y no solo empresarial) y la cohesión ciudadana entre los jóvenes y desde los jóvenes.

Las políticas sectoriales que se han señalado en este informe atañen a las etapas más importantes que configuran las pautas de autonomía e independencia de cada joven en su transición (formativa, laboral y residencial) hacia la edad adulta. Por tanto, estas mismas medidas institucionales tendrían un verdadero sentido práctico si las enmarcamos en una prospectiva estratégica integral, de largo alcance y fundada en:

– La capacitación individual de los jóvenes a través del fomento de su participación y del diagnóstico continuo de su condición;

– La garantía de mínimos de bienestar material y social, no solamente en términos salariales, laborales y residenciales sino también en los aspectos relativos a la construcción de un recorrido profesional, a la posibilidad de acceder a servicios públicos y de calidad y a la prevención de los riesgos de exclusión social, independientemente de su procedencia familiar;

– La ruptura de la segmentación del mercado de trabajo y de las fuentes de discriminación generacional con respecto al tipo de sueldos, de estabilidad profesional y de garantías sociales conectadas con la situación ocupacional de jóvenes y adultos;

– La promoción de “oportunidades para todos” en la forma de derechos ciudadanos (Benedicto y Morán, 2007), incentivando la responsabilidad individual y el respeto al compromiso cívico por parte de todos los actores sociales como tutela de intereses comunes e intocables.

Estos puntos programáticos redundarían en un significativo desgrave funcional de las tareas de cuidado y de protección social realizadas por los hogares, particularmente afectados por esta prolongada recesión económica, y en una atenta prevención de los riesgos de fragmentación social ligados al origen familiar de cada joven y a la persistente dualidad de nuestro mercado de trabajo. Desde un punto de vista teórico y práctico, des-familiarizar el bienestar de los jóvenes significa responsabilizarles en la construcción de su proyecto biográfico y comprometer a los agentes públicos y privados en una oferta adecuada de inserción social, calidad educativa, calidad laboral y calidad residencial, de la cual a la postre se beneficiaría toda la comunidad.

En definitiva, entender que al día de hoy está en crisis un modelo económico y de bienestar es un paso fundamental para plantear los fundamentos de una alternativa viable, tanto para el presente como de cara al futuro. Algunos movimientos sociales se han anticipado a los políticos en este diagnostico y planteamiento crítico, con vista a soluciones que tengan efectos duraderos pero de aplicación inmediata. En este sentido, sería un suicidio institucional, y una falta de respeto hacia la soberanía legítima de los ciudadanos, no tener en cuenta el malestar difuso y las reivindicaciones que se van plasmando en el espacio público y asociativo.

Aunque no se pueda prever la intensidad de estos acontecimientos, cabe reconocer que se trata de iniciativas populares (plataformas y movimientos sociales) que están coordinando a jóvenes y a menos jóvenes en nuevas redes de solidaridad. Se trata, pues, de intentos reales para “sacar a los jóvenes de sus familias”, comprometerlos socialmente y empoderarles de un nuevo protagonismo como agentes de cambio. Por tanto, por parte de las instituciones, sería oportuno reducir la distancia con la sociedad ivil, reconocer y compartir los errores del pasado para no volverlos a cometer y apostar or un futuro de post-crisis, poniendo en la agenda de gobierno un nuevo pacto social ter- e intra- generacional lo más sostenible, inclusivo e igualitario posible.

Alessandro Gentile, Fundación Alternativas, Estudios deProgreso, 25/04/2012

 

 

 

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