Al tiempo que pienso en el enfoque que le voy a dar a estas notas escucho por la radio que Bankia exige un rescate de 23.000 millones de euros de dinero público a cambio de no llevarnos a todos a la ruina. También me entero, vía Facebook, que planea sobre España la sombra de una intervención inminente. Y leo en la prensa que la salida de capital financiero de la economía española superó todos sus récords el pasado mes de marzo (62.000 millones de euros). Y lo de los peligros de de la prima de riesgo por encima de los 500 puntos ya ni puedo precisar de dónde lo he sacado, porque es un estribillo que me persigue, cual mantra bursátil, allá donde voy.

Como estrategia mediática, política y financiera me parece muy hábil, sí. Y también sumamente perversa. Se trata de mercantilizar todas las áreas del ser y del saber. Seguramente con el propósito de intimidarnos con tecnicismos apocalípticos, que conviertan en irresponsable, frívola y demagógica (palabra de moda entre políticos y tertulianos) cualquier reivindicación ciudadana que no pase por los mercados. La terminología económica se ha colado indiscriminadamente en todas las disciplinas de la vida. Ya no se puede abordar ningún asunto si no es sometiéndolo a los designios de la crisis financiera. Las cosas están crudas, ya lo sabemos, y no solo lo sabemos sino que lo experimentamos en carne propia día tras día. El barco se hunde y las ratas que lo averiaron hace ya tiempo que tienen los yates salvavidas preparados para zarpar hacia nuevos destinos. El resto de los mortales, mientras tanto, vamos a intentar que no nos recorten del todo las esperanzas y mucho menos la ganas de luchar por aquello que consideramos justo.

Como las cifras nos estimulan voy contarles que el pasado jueves 22 de mayo, 150.000 personas ocupamos las calles de Barcelona para manifestar nuestro firme rechazo a los recortes en la Educación. De acuerdo, estas son las cifras de los sindicatos. Según los Mossos d’Esquadra éramos 25.000. La cuestión es que éramos muchos y de diferentes edades, ideologías, condiciones económicas y procedencias geográficas. Pero todos estábamos de acuerdo en algo: esta crisis no puede seguir sirviendo de escusa para violar sin escrúpulos nuestros derechos fundamentales. Y hablo de la manifestación de Barcelona porque es la que viví, pero miles y miles de personas salieron también a las calles en muchas otras ciudades catalanas y españolas.

Digámoslo claro, sin miedo y, sobre todo, con los términos que nos son propios porque si intentamos amoldarnos a la jerga del capital tenemos las de perder: la educación no es una inversión, es un derecho constitucional de nuestras sociedades democráticas al que no vamos a renunciar. Con ella construimos nuestros cimientos éticos, morales y civiles. También con ella aspiramos a formar trabajadores competentes, desde luego, pero, por encima de todo, aspiramos a sacar adelante personas con criterio, valores y capacidades para afrontar los retos de la vida con dignidad.

Así que nuestra misión, como madres y padres, no consiste en sopesar gastos, beneficios, niveles de endeudamiento o de rentabilidad. Nuestra responsabilidad reside en reivindicar una enseñanza pública de calidad ‒de mayor calidad que la actual‒ a la que todo ciudadano tenga acceso en igualdad de condiciones. Porque no podemos permitirnos acrecentar aun más las diferencias ya existentes entre la enseñanza pública, la concertada y la privada, perpetrando con ello discriminaciones sociales de corte feudal amparadas en una nueva teocracia financiera.

¿Derechos humanos universales, espíritu crítico, conocimiento científico, creatividad, capacidad de innovación, justicia social, aptitudes empáticas, compañerismo, libertad? ¿Les suenan a anacrónicos panfletarios? Pues no, son solo algunos de los pilares en los que se sustenta (o debiera sustentarse) nuestro sistema pedagógico. Y son pilares que no se pueden recortar porque es muy grande el peso que aguantan.

Por ello decimos no al aumento de alumnos en las aulas: porque dificultaría la atención que los docentes les prestan a los alumnos, a sus particularidades, necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje. Decimos no a la eliminación de la sexta hora en la enseñanza pública: porque supone un agravio comparativo descarado con respecto a la concertada y la privada (el debate sobre la idoneidad horaria de la educación no puede pasar por imposiciones presupuestarias selectivas). Decimos no al incremento de las horas lectivas de los maestros y maestras: porque ello va asociado al despido de otros profesionales y a la sobrecarga laboral y mental de los que permanezcan. Decimos no a los recortes presupuestarios en las infraestructuras de los centros: porque no queremos que los colegios ahorren en papel higiénico, lápices, o calefacción, ni tampoco que escatimen recursos en la formación continuada de sus docentes. Decimos no a la interrupción de las obras de los centros en construcción: porque con ello estamos condenando a una generación a cursar su ciclo formativo completo en barracones, con todas las limitaciones materiales que ello supone. Decimos no al cierre de escuelas: porque eso supondría el despido de más trabajadores y, sobre todo, porque dejaría a muchos alumnos sin colegio en su área de proximidad, obligándolos a desplazarse y adaptarse a otros centros que ya de por si tienen sus propios problemas. Y decimos no a la reducción de becas y ayudas a las familias y las AMPAS: porque así nuevamente se extramarginaliza a los más desfavorecidos y se sobrecarga de trabajo a las familias que ya están asumiendo muchas de tareas estructurales del día a día de la escuela (gestión del tiempo de mediodía, actividades extraescolares y casales, cuotas anuales, etc.)

Vamos señores, que acabamos de sacarnos de la chistera comunitaria la friolera de 23.000 millones de euros para rescatar a Bankia, no me vengan ahora con que no hay dinero para la educación de nuestros hijos. Ah, y una cosa más, por favor, no recurran a la palabra demagogia para desacreditar nuestras reclamaciones.

Dolores Acebal, La Lamentable, 07/06/2012

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