Les conseqüències del canvi polític a França


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El Consell D’Assumptes Europeus de la Fundación Alternativas ha publicat u memoràndum sobre “Les conseqüències del canvi polític a França per a la Unió Europea i Espanyal”. En el seu apartat tercer, s’analizen les noves polítiques que aquest canvi pot impulsar.

Las consecuencias del cambio político en Francia para la Unión Europea y España. Las nuevas políticas que este cambio puede impulsar.

El Presidente francés electo ha reiterado durante su campaña electoral que era necesario cambiar la política de solo austeridad, cuya máxima expresión es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), hasta el punto de declarar que de resultar elegido, Francia no lo ratificaría si no era complementado con un pacto por el crecimiento. No obstante, París -esté quien esté en el Elíseo- no va actuar por su cuenta, sin tener en cuenta al resto de sus socios, y en especial a Berlín. La primera reunión Merkel-Hollande, el 16 de mayo (un día después de la toma de posesión de éste), y la cumbre informal del Consejo Europeo, que ha sido adelantada al 23 de mayo, darán una primera idea del efecto que la elección de Hollande puede tener sobre las políticas económicas de la Unión. Naturalmente, el TECG no va a ser modificado (ha sido firmado por 25 países y ratificado ya por dos), como se ha apresurado a declarar públicamente la canciller alemana, probablemente para consumo interno pues la intención de Hollande no es modificar lo acordado, sino completarlo con la parte que le falta: el impulso al crecimiento. Esta es una idea que ya se había ido abriendo paso en Bruselas a la vista de la terrible situación por la que están pasando algunos países incapaces de crear por sí mismos las condiciones necesarias para una reactivación económica, mientras tienen que realizar al mismo tiempo duros recortes del gasto público, y ante la terrible realidad de que en la UE hay más de 25 millones de desempleados, una cifra que continua subiendo. El proyecto tomó un importante impulso cuando las encuestas empezaron a anunciar un triunfo del candidato socialista en las presidenciales francesas, y éste dio a conocer sus propuestas.

Lo que se acuerde en esta cumbre informal se plasmará probablemente en la cumbre de finales de junio en un pacto formal de crecimiento, bien en forma de un tratado separado o como una adenda al TECG. La discusión no se centrará por tanto en la existencia o no de tal pacto, que ya es prácticamente un hecho, sino en su extensión y alcance, en las condiciones de su aplicación y, sobre todo, en su financiación, que no puede ser abordada a nivel nacional so pena de echar por tierra todos los planes de reducción de los déficits públicos, lo que provocaría un agravamiento de la crisis de la deuda soberana. Los fondos tienen que ser comunitarios, bien de partidas no ejecutadas en los presupuestos comunitarios, bien a través de un mandato claro y una refinanciación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene una importante capacidad de apalancamiento. Otra forma de financiación, para grandes proyectos concretos de infraestructuras comunitarias, podría ser la emisión de project bonds, con garantía mancomunada.

Además de decidir sobre la financiación, será necesario también discutir sobre la aplicación del plan de crecimiento. Las infraestructuras interestatales pueden ser muy útiles para reactivar ciertos sectores económicos, pero su elección estará lógicamente más condicionada por las necesidades reales, en relación con la actividad económica, que por las tasas de desempleo de un país u otro, con lo que la final podrían llegar a favorecer a los países más ricos. El auténtico problema europeo es el desempleo, que está reduciendo dramáticamente los ingresos de los estados y aumentando el capítulo dedicado a subsidios, además de golpear duramente a la población, y la mejor forma de combatirlo es aplicando las propuestas que se plantean en este documento.

Posiblemente se discuta también en la reunión informal del 23 de mayo el tema del calendario que ha establecido la Comisión para reconducir el déficit hasta el límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad de 1997, y que es claramente irrealizable para algunos estados miembros. La Comisión parece dispuesta a tomar alguna acción a este respecto, como prolongar un año la consecución del objetivo para España, pero medidas como estas son parches parciales, en ocasiones insuficientes, que no abordan la revisión real de un programa rígido que no tiene en cuenta por principio la diferente situación económica de cada país, ni el nuevo período recesivo que se abate sobre Europa. De hecho, cuando este pacto se aprobó la crisis ni siquiera había comenzado. Es necesario proceder a una revisión completa del calendario que tenga en cuenta la doble recesión que ahora afecta a la Eurozona, y que se haga país por país, teniendo en cuenta sus circunstancias, del mismo modo que está previsto en el TECG para el cumplimiento de sus objetivos. Y sería conveniente, por el contrario, que los estados miembros que menos están sufriendo la crisis, y en particular Alemania, llevaran a cabo una política fiscal más expansiva que redundaría sin duda en una cierta reactivación económica de toda la Eurozona.

Otro tema que volverá a estar sobre la mesa es el del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), pues estaba en el programa electoral de Hollande, y cada vez goza de más apoyos. El ITF, en caso de ser aprobado, debería ser gestionado a nivel comunitario, para dar a la Comisión una fuente de financiación diferente a la proporcionada por los estados miembros, y con ella una mayor libertad de acción y mayor poder comunitario. De todas formas, este impuesto no podría servir para financiar los presupuestos comunitarios si hay estados miembros que no la aplican (Reino Unido ya ha mostrado su oposición frontal por temor a las repercusiones que podría tener para el jugoso negocio de la city londinense), porque sería evidentemente injusto. Pero sí se podría crear con su producto un fondo específico de impulso al crecimiento y al empleo, aunque solo pudiera invertirse en los estados miembros que la aplicaran.

Por su parte los project bonds podrían ser un primer ensayo para la emisión de deuda garantizada por todos los países de la Unión, es decir de eurobonos, en cualquiera de sus modalidades técnicas, una aspiración lógica de todos aquellos países que teniendo la misma moneda están pagando por su financiación cantidades mucho más elevadas que otros socios comunitarios, con el consiguiente perjuicio en su competitividad. El apoyo decidido de Hollande a esta iniciativa -rechazada hasta ahora por Merkel-, que resolvería de una vez por todas la crisis de la deuda, podría terminar por decantar la balanza hacia su puesta en marcha, aunque probablemente esto tenga que esperar hasta que el TECG sea ratificado y entre en vigor. El servicio de la deuda se está convirtiendo en una carga insoportable para algunos países, dado los altísimos intereses que deben pagar por ella, pero la aprobación por Bruselas de un relajamiento de los plazos de reducción del déficit público, o de una contabilidad diferente, no va a producir por sí mismo la solución de los problemas. Los eurobonos sí lo harían, porque la economía europea en su conjunto es demasiado grande para ser atacada por la especulación financiera, y la tasa de interés de los bonos europeos estaría probablemente cerca de la que pagan actualmente Alemania o Finlandia, u otros países como EEUU y Japón, cuya deuda es muy superior a la europea. Esta es una batalla que hay que ganar con el apoyo de Hollande.

El mismo efecto positivo sobre la crisis de la deuda lo produciría una actitud más expansiva del Banco Central Europeo (BCE), que es el otro gran tema que el cambio político en Francia volverá a poner encima de la mesa. Hollande defiende que el BCE actúe como prestamista de última instancia, con capacidad ilimitada de préstamo, y pueda comprar deuda soberana como lo hace el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal de EEUU. Esto no es posible con los estatutos actuales y un cambio sustancial requeriría probablemente una modificación de los tratados, de modo que esta línea de acción hay que situarla en el medio plazo. Pero lo que sí puede hacer, porque ya lo ha hecho, es comprar deuda en el mercado secundario para aliviar la insoportable prima de riesgo que están pagando algunos países, y proporcionar liquidez a los bancos nacionales a tipos muy reducidos, hasta que esta liquidez termine por llegar a la economía productiva, a través de créditos a las empresas y, en especial, a las pymes, y promueva una reactivación. El BCE decide por sí mismo cuándo y cómo llevar a cabo estas actuaciones, ya que es estatutariamente independiente, pero evidentemente su dirección es sensible a la actitud favorable u hostil de los gobiernos europeos hacia sus iniciativas, especialmente de los más importantes, y ahí es donde la influencia de Hollande puede ser importante.

El carácter progresista del nuevo presidente francés influirá también, sobre todo si cuenta con un apoyo parlamentario sólido, en las políticas europeas de control de las inversiones especulativas, como las que hacen los fondos de alto riesgo, especialmente en los mercados de derivados, así como la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Durante la campaña de Hollande, la presencia de los bancos franceses en paraísos fiscales ha sido fuertemente cuestionada, llegándose a hablar de una fuerte fiscalización de las actividades que realizan en estas jurisdicciones e, incluso, de la prohibición de su ubicación en las mismas.

Todos estos temas cuya regulación se está haciendo imprescindible para salvar el predominio de la política democrática sobre el poder invisible de los mercados financieros, y deberían ser apoyados por cualquier gobierno, so pena de perder – como sucede ahora en algunos casos – su libertad de acción. Del mismo modo, Hollande ha apoyado la creación de una Agencia europea de calificación de riesgos – que equilibre la hegemonía de las tres grandes -, y ha declarado públicamente que apoyará un crecimiento de los presupuestos comunitarios en el marco plurianual 2014-2020, en contra del acuerdo que alcanzaron en 2010 Merkel, el premier británico David Cameron, y Sarkozy, para congelarlos durante todo el período en el 1% del PIB de la UE. Más presupuesto significa más políticas comunes, y por tanto mayor convergencia. Esta iniciativa de Hollande interesa sin duda a todos los estados miembros que necesitan impulsar esa convergencia.

Finalmente, está pendiente el tema de la refinanciación y saneamiento de la banca, que en cada estado miembro tiene unas características distintas y ha pasado por diferentes episodios, pero está lejos de estar resuelto en algunos de ellos, como en España. Abordar nuevos saneamientos con fondos públicos nacionales puede arruinar en algunos países todos los esfuerzos por reducir el déficit, y es muy mal recibido por los mercados financieros, aunque se hagan artificios contables. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), o su sucesor permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pueden ser usados para refinanciar los bancos nacionales sin que eso signifique ningún rescate de países insolventes. Por el contario, su utilización preventiva para el saneamiento financiero puede evitar tener que llegar a rescates que podrían ser inviables por su volumen, a pesar del aumento del MEDE. Lograr el apoyo de Hollande a esta línea de acción sería, también aquí, decisivo.

Todas estas iniciativas configuran en su conjunto un cambio en las políticas económicas que la UE ha aplicado hasta ahora – y que han demostrado sobradamente su falta de eficacia -, a favor de las tesis que han sostenido los progresistas europeos desde el principio de la crisis. Es posible que encuentren cierta resistencia en algunos estados miembros, más por razones de interés nacional que ideológicas, o por ambas. Pero también es posible que, en sentido contrario, otros gobiernos las apoyen por interés nacional, sin ninguna consideración ideológica. Es de esperar que el nuevo panorama político francés ayude a llegar lo más lejos posible en el imprescindible cambio de rumbo en la economía europea.

Fundación Alternativas, 05/2012


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