Enric Juliana: Atenció als dos terços

A las ocho de la noche sonó el clarín. El toque de trompeta que todo el mundo daba por hecho, con esa vieja y pétrea seguridad hispánica en el despliegue, inapelable, de los reglamentos. La convocatoria catalana ha sido declarada ilegal, rotundamente ilegal, antes de que el órgano competente se exprese literalmente en tal sentido. España funciona así.

Todo fue rotundo ayer en Madrid. Extremadamente rotundo, excepto unas palabras del presidente del Gobierno que dejaron entrever la disposición a una negociación política que incluya la reforma de la Constitución, después del 9 de noviembre. Tres mensajes: descalificación absoluta de la iniciativa catalana, tachada de “profundamente antidemocrática” por el propio Rajoy; celeridad y contundencia del aparato estatal, y algunos puntos suspensivos para después del 9-N.

La organicidad es absoluta. El Gobierno, los dos grandes partidos y los principales medios de comunicación capitalinos se expresan estos días con una rotundidad que coloca al Tribunal Constitucional en un papel meramente auxiliar en la construcción del relato público. Como ya ha ocurrido otras veces en los últimos años, el Tribunal Constitucional, órgano garantista de las democracias occidentales avanzadas, es forzado a aparecer ante la opinión pública como una instancia auxiliar del poder ejecutivo. Un negociado adjunto. Un freno de emergencia. No es seguro que este sea un papel grato para los magistrados que lo componen –con toda seguridad, no-, pero esta es hoy la puesta en escena. En la nota emitida anoche se recuerda, en letra pequeña, que la admisión a trámite de los recursos del Gobierno y la suspensión cautelar de la ley catalana de consultas y del decreto de convocatoria del 9-N, no prejuzgan el fondo de la cuestión. Hay suspensión cautelar. No hay declaración de ilegalidad. Aún no.

Para un británico contento del limpio ejercicio de democracia que acaba de tener lugar en Escocia ese matiz sobre el procedimiento sería, sin duda, importante. Para un español enfurecido por la situación creada en Catalunya, probablemente no lo es. La convocatoria es ilegal y punto. La sentencia ya está dictada. Efectivamente, el reino unido de España y el Reino Unido de las islas Británicas no son lo mismo. No sólo difieren los marcos constitucionales –premoderno y posmoderno el británico; moderno con una concepción decimonónica del estado-nación el español-, difieren los marcos culturales.

El unanimismo que suele criticarse a Catalunya –la innegable hegemonía del discurso soberanista en el ámbito oficial y en los medios de comunicación públicos–, tiene ahora como réplica un organicismo estatal sin fisuras. La Brigada Aranzadi al galope. La rotundidad como mecanismo de afirmación de unas estructuras estatales secularmente fuertes, ahora inquietas, muy inquietas, no sólo por la cuestión catalana. Inquietas por la crisis económica, aún no resuelta, por el fuerte desgaste de las instituciones como consecuencia de una escalofriante sucesión de casos de corrupción, y por la incierta reacción social en las próximas citas electorales, Viene un año 2015 muy complicado.

La estrategia gubernamental parece clara. Mensaje rotundo a la España de orden –“o nosotros o el caos”–, reafirmación de la Constitución, y disposición al diálogo después del 9 de noviembre, si no hay quebranto de la legalidad en las próximas semanas. Rajoy mantiene en estos momentos una fluida comunicación con el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En Catalunya, Artur Mas no tuvo dificultad ayer para capitalizar políticamente la respuesta berroqueña del aparato del Estado. Tanta prisa y tanta rotundidad alimentan al soberanismo como corriente principal de la sociedad catalana. Para los indecisos, que son muchos, el lenguaje gubernamental no es ningún estimulo. El Gobierno de España no habla estos días dirigiéndose, de manera preferente, a los ciudadanos de Catalunya. Nunca ha dicho: “vosotros los catalanes”. El día que lo hiciese, alguna cosa sustantiva cambiaría. Quizá no lo haga nunca. Lo más probable es que no lo haga nunca. Lo prioridad del Gobierno es en estos momentos el zócalo del electorado conservador en España. Esos seis millones de electores imprescindibles para afrontar un ciclo electoral muy complejo. “O nosotros o el caos”.

Esa estrategia, repito, alimenta al soberanismo catalán. El ‘Partit del President’ sigue ocupando el centro de la escena en Barcelona, con ERC en el flanco, lanzando advertencias contra cualquier flexión o retroceso. La relación entre los dos componentes principales de la corriente soberanista –Convergència en metamorfosis tras el hundimiento de Jordi Pujol y una Esquerra Republicana que ahora no quisiera ganar unas elecciones al Parlament- puede irse complicando a medida que pasen los días. La Assemblea Nacional Catalana en su punto, convocando movilizaciones frente a los ayuntamientos. Esta noche.

Y unas palabras del portavoz del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, que no pueden pasar desapercibidas. La intención del gobierno catalán de no poner a sus funcionarios en riesgo de inhabilitación. El eslabón débil de la actual cadena de tensiones son los funcionarios de la Generalitat que pudiesen intervenir en la consulta suspendida. Para el aparato del Estado es más fácil, políticamente y jurídicamente, castigar a los funcionarios, uno a uno, que activar el artículo 155 de la Constitución (suspensión total o parcial de la autonomía), o proceder judicialmente contra el presidente de la Generalitat y sus consejeros.

Dos o tres anotaciones más. Hay que prestar atención estas semanas a la relación entre bambalinas entre PP y PSOE. Rajoy y Sánchez mantienen una línea de comunicación constante. Los socialistas tuvieron la semana pasada una reacción bastante moderada –mejor dicho, contenida-, ante la retirada de la contrarreforma de la ley del aborto y la dimisión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Atención a las palabras de Rajoy ayer, medianamente favorables a la reforma constitucional. Al respecto, hay un dato que no debiera pasar desapercibido. Una reforma sustantiva de la Constitución requiere el acuerdo de los 2/3 del Congreso de los Diputados y del Senado. En el Congreso ello obliga a obtener el apoyo de 234 diputados. En estos momentos, PP y PSOE suman 296 diputados, mayoría más que suficiente para poder pilotar un proyecto de reforma constitucional, aunque la negociación estuviese abierta a otros grupos. Una vez aprobados los cambios en primera instancia, la Constitución dice que se deberían disolver las Cortes, convocar elecciones y ratificar la reforma con los dos tercios de las nuevas cámaras. No es fácil.

Permítanme una observación. En la actual coyuntura política, marcada por una creciente fragmentación de las ofertas políticas, es posible imaginar que en el Parlamento del 2016 –sin reforma constitucional en la agenda-, PP y PSOE tengan dificultades para sumar 234 diputados. Abordar entonces la reforma constitucional sería mucho más difícil y costoso. Según cómo, imposible.

Ahora es aritméticamente más fácil, pero sólo queda un margen de unos ocho meses. Un margen relativamente corto. Quizá demasiado. No sería fácil armar un consenso inmediatamente después de Navidades y en vísperas de las municipales. Un paso muy estrecho, pero no del todo imposible.

Unas elecciones generales en noviembre del 2015 –o a finales de enero del 2016- con la ratificación de la reforma constitucional como primera tarea del nuevo Parlamento, es decir con un lema fuerte, podrían ayudar a los dos partidos principales a alcanzar los dos tercios. Un escenario arriesgado, sin duda alguna, pero no del todo descabellado.

La competición/cooperación PP-PSOE es en estos momentos un dato tanto o más importante que la maquiavélica cooperación/competición entre CiU y ERC en Catalunya. Y el acuerdo o desacuerdo entre populares y socialistas sobre la modificación de la ley electoral municipal será en las próximas semanas un indicador muy potente de las líneas reales de consenso. Tengo la impresión de que esa propuesta, frontalmente rechazada por los socialistas, se está alejando ahora del centro de la escena. No está archivada aún, pero podría ser envasada al vacío la espera de una negociación política más amplia.

Un cuadro complejo. Muy complejo.

Enric Juliana, Caffe Reggio, La Vanguàrdia, 30/09/2014

 

 

 

 

 

 

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