Felipe González: "Se puede derrumbar todo lo conseguido"

Felipe González: “Si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido”

 

Es de los pocos que ve alcanzable un acuerdo político en España para reformar la Constitución. Dice que esa es la única forma de que la Ley Fundamental tenga futuro, y aboga por iniciar ya un “diálogo” para sondear las posibilidades de esa iniciativa. El expresidente Felipe González (Sevilla, 1942), que negoció en 1978 la Constitución como jefe de la oposición y gobernó en España entre 1982 y 1996, contesta desde México a un cuestionario enviado por EL PAÍS. Este es el resultado.

Pregunta. ¿Esta Constitución tiene futuro o es urgente una reforma?

Respuesta. La paradoja que vivimos es que la Constitución de 1978 tiene futuro… si tenemos la voluntad política de reformar lo que sea necesario. Y esa paradoja se complica cuando algunos personajes que se oponían duramente a aquella Constitución hoy se oponen con la misma dureza a cualquier intento de reforma. Parece como si aquello que no querían entonces hoy les perteneciera como la piedra de las tablas de la ley. Así que creo que es necesario iniciar un diálogo serio para explorar los cambios que necesitamos. Solo después veremos si el resultado es de más o menos entidad.

P. ¿La única salida al conflicto creado en Cataluña por el Gobierno de Artur Mas y sus amenazas de promover un proceso independentista pasan por una reforma de la Constitución que incluya las singularidades de esa comunidad y le dé más competencias que al resto?

R. Como estoy proponiendo el comienzo de un diálogo en profundidad, no quiero atribuir la responsabilidad del conflicto al Gobierno de Artur Mas, porque me dirían que ellos han reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se reformó el estatuto, se sometió a referéndum en Cataluña después de un largo proceso parlamentario y el tribunal anuló algunos artículos de ese Estatuto. Fue la consecuencia de un recurso del PP, que incluyó esos mismos artículos en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y hoy resulta que no están vigentes en Cataluña y sí lo están en Valencia. Es fácil pensar desde el sentimiento catalán que la sentencia es contra Cataluña. Pero, como ya dije en su día, lo más inadecuado de la sentencia no eran los escasos artículos suprimidos, sino un desafortunado juicio político sobre la percepción mayoritaria que Cataluña tiene sobre su propia identidad. La aceptación de la singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria.

P. La Constitución de 1978 es la que logró más apoyo en la historia de España. ¿Cree usted que ahora es posible otro consenso similar para abordar su reforma? ¿O considera roto el espíritu de la Transición?

R. No me importa nadar a contracorriente de las opiniones, que respeto, que afirman que hoy es mucho más difícil o imposible alcanzar un consenso amplio para la reforma. Lo que es imposible es que hoy haya más distancias o diferencias políticas de fondo que las que hubo en los primeros momentos de la Transición entre personas que venían de la lucha contra la dictadura y personas que venían del propio régimen dictatorial. Los que no querían aquel consenso constitucional, o sus herederos, son el mayor obstáculo para la reforma de aquello que no querían. Pero no es un obstáculo insalvable. Lo más grave de lo que ocurre es cómo se están retroalimentando las posiciones de aquellos que ni querían la Constitución ni quieren la reforma y de los que temen que esa reforma pudiera ser contrarreforma o regresión a un modelo de centralismo trasnochado. En realidad España ha sido y es plural en las ideas y diversa en las identidades, en los sentimientos de pertenencia. Quienes no sean capaces de aceptar esa realidad se deslizan hacia un centralismo autoritario y unificador o hacia una ruptura imposible del territorio. Hoy más que nunca, tenemos necesidad de comprender nuestra propia realidad y asumirla mediante el diálogo y el pacto. Las Constituciones que duran en el tiempo más allá de los cambios generacionales tienen que respetar, adaptándose, las nuevas percepciones de la realidad. Diría que es un respeto generacional. Afirmaré algo que será sin duda interpretado conflictivamente: no es posible que repitamos la parte más ciega de nuestra historia que no nos ha permitido cambiar a tiempo hasta llegar al punto en que el cambio viene obligado por el derrumbe total de lo conseguido.

P. La Constitución estableció la cooperación del Estado con la Iglesia católica. ¿Se planteó usted alguna vez durante su mandato revisar el Concordato, como ahora defiende su partido?

R. Sí me lo planteé. Y alguna conversación tuve con el Secretario de la Santa Sede en un momento tenso, pero se superaron aquellas tensiones y mejoraron las relaciones con el Vaticano. Creo que en la situación actual se está produciendo una regresión que haría aconsejable una revisión del Concordato. Al mismo tiempo pienso que el reconocimiento de la Iglesia en un Estado no confesional no debería exigir un cambio en la Constitución, pero sí ser claros y firmes en la igualdad de trato con otras convicciones religiosas o no religiosas. En eso estamos fallando.

P. ¿Qué cosas no hubiera aprobado de la Constitución vigente y que cosas introduciría?

R. Si la Constitución hubiera coincidido plenamente con mis convicciones políticas y mi visión de España hace 35 años, no hubiera habido consenso constitucional, porque otros, como es natural, lo veían de otra manera. Me preocupa que no se comprenda hoy que todos cedimos en algunas cuestiones que queríamos, para llegar a un pacto de convivencia que nos ha permitido vivir en paz y libertad como nunca antes en la Historia de España, sin renunciar por ello a nuestra identidad como parte del todo, y abriendo la posibilidad, buena para todos, de representar con nuestras ideas la voluntad de los ciudadanos. Sobre lo que haría ahora, indudablemente introduciría algunos cambios, no solo por reconocimiento y respeto a la realidad presente, sino por el valor que le doy a que las generaciones actuales se sientan representadas en esta nueva etapa de la historia de España.

P. ¿Fue un error de las Cortes Constituyentes aprobar el artículo 150.2, que dejaba abierta de manera indefinida la posibilidad del traspaso de nuevas competencias a las autonomías?

R. No, no fue un error, fue una necesidad en aquella coyuntura histórica. La Constitución preveía un proceso de descentralización política a lo largo del tiempo, de manera gradual. Hubiera sido insensato por entonces liquidar, por ejemplo, la estructura territorial del Estado heredada de la época napoleónica, con las provincias y lo que llevaba aparejado, sin que se fuera consolidando una nueva estructura de poder regional. Tampoco era previsible quién podía aspirar a organizarse territorialmente en comunidades autónomas, salvo en los casos en que la reclamación de las libertades democráticas estaban ligadas a la reclamación de un poder autonómico. Estos casos eran muy limitados porque se trataba más de una recuperación que de una implantación de nuevo cuño. Hoy,35 años después, puede y debe hacerse el ejercicio reformador que permita cerrar en gran medida el proceso. Es evidente que ya tenemos otra estructura de redistribución del poder, que convive de forma poco eficiente con viejas estructuras del pasado. Para hacer este ejercicio, que poco tiene que ver con la petición inmediata del Gobierno catalán sobre el derecho a decidir, habría que tener claro que en la redistribución del poder en un país complejo por su diversidad, como España, hay que aplicar dos principios: el principio de subsidiariedad —definir cómo se reparten las competencias entre los diversos poderes, central, autonómico y local— y el principio del respeto a la diversidad de identidades. En España tenemos que tener en cuenta lo que llamamos hechos diferenciales, que rompen la igualdad básica entre todos los ciudadanos pero integran percepciones distintas de la identidad. Por seguir con el caso de Cataluña, es indiscutible, aunque algunos obtusos no lo vean, que su lengua propia, su identificación con una policía propia o sus diferencias históricas en el derecho civil son singularidades que tienen que ser reconocidas en su autogobierno, y no en el autogobierno, por seguir el ejemplo, de Castilla-La Mancha.

P. La Constitución reguló las condiciones para su reforma, que son especialmente rígidas y que obligan a reunir mayorías muy cualificadas de dos tercios o tres quintos de los diputados. ¿Esa rigidez es un error o un acierto del constituyente?

R. No, no fue un error. Los revisionistas de la Transición se equivocan porque se olvidan arbitrariamente del contexto en el que se produjo. Si hubiera sido fácil cambiar ese marco constitucional, las garantías para unos y para otros de que no se cambiarían las reglas del juego por mayorías y minorías siempre coyunturales no hubieran permitido aquel gran acuerdo. En la deseable reforma, 35 años después, eso puede ser motivo para un acuerdo que aumente el margen de flexibilidad.

P. Durante los debates parlamentarios sobre el artículo 2 de la Constitución, los principales partidos nacionalistas vascos y catalanes dieron a entender que ese era su tope y que no irían más allá en sus aspiraciones de autodeterminación. ¿Esperaba usted que aquel compromiso se rompiera 35 años después?

R. No, no lo esperaba. Porque los poderes autonómicos, como todos los poderes del Estado, están obligados a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes, incluso cuando legítimamente se aspire a cambiarlas. La democracia, como sistema de convivencia, es un asunto más serio que algunas interpretaciones inconsistentes que están haciendo de sus elementos definitorios. Es obvio que la democracia se ejerce respetando el juego de la minorías y de las mayorías, pero el ejercicio democrático debe respetar las reglas establecidas y las competencias atribuidas a cada cual. Por tanto, cuando se afirma “con la ley o contra la ley haré lo que la mayoría decida” se pone en juego la legitimidad del ejercicio democrático y se entra en una dinámica disolvente en la que todos terminaremos perdiendo.

P. ¿Ve diferencias entre el Estado autonómico que configuró la Constitución y el Estado federal que propone el PSOE como solución a esta crisis territorial?

R. Nosotros, como país, hemos hecho una progresión clara a la federalización que denominamos Estado autonómico. Tengo que recordar que en el momento de salida de una dictadura el hecho mismo de hablar de un Estado federal generaba reacciones tan duras y negativas que hacían casi imposible el acuerdo. Por tanto, los que creíamos y creemos en una estructura federal, que sin duda sería más clara como estructura descentralizada del Estado, aceptamos avanzar a través de la descentralización autonómica. Claro que se parecen un modelo y otro, pero uno de los temas candentes, como el de la fiscalidad y la financiación autonómica, e incluso local, tendrían un encaje mucho más racional y fácil en un Estado federal. Alemania no es una mala solución.

P. Ustedes aprobaron el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar “las medidas necesarias” contra una autonomía que incumpla la Constitución. ¿Sería partidario de aplicarlo en Cataluña si la Generalitat impulsa una consulta ilegal?

R. Responder a esta pregunta supondría que creo probable o incluso posible que un Gobierno autonómico como el de Cataluña esté dispuesto a romper las reglas del juego que nos obligan a todos. La verdad es que no lo creo. Y no quiero que mi respuesta tense la cuerda innecesariamente. Pero sí es claro, y lo reitero, que la Constitución y las leyes están para cumplirlas y respetarlas, incluso cuando se intentan cambiar. Y esto es una obligación de todos los poderes del Estado.

P. El PSOE pidió en 1978 la República. Hoy es un firme defensor de la monarquía. ¿Por qué se dio este cambio?

R. La historia del PSOE está impregnada de un sentimiento republicano, aunque en su definición era lo que se llama “accidentalista”. La forma de Estado tenía que ser compatible con sus objetivos como partido al servicio de la sociedad. Históricamente la monarquía aparecía como un obstáculo a las aspiraciones sociales y políticas del PSOE, pero esto dejó de ser así con la actual monarquía por la propia voluntad de Juan Carlos I y, sobre todo, por la definición de su papel en la Constitución. Más allá de los fallos que haya habido, nadie puede negar que la monarquía juega lealmente su papel al servicio de la democracia y de la representación de los intereses de España en el mundo. Por eso, respetamos a la persona y a la institución sin que ese respeto nos impida analizarlas críticamente para mejorarlas.

P. Miquel Roca sostiene que no hace falta cambiar la Constitución para eliminar la discriminación a la mujer en la sucesión de la Corona, que bastaría con una ley orgánica.

R. Creo, como Miquel Roca, que una ley orgánica permitiría acabar con ese anacronismo. Pero si, como deseo, se inicia un diálogo para la reforma constitucional, este punto debería figurar en la Carta Magna.

El País, 06/12/2013

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login