PSOE: Reactivar la Economía para combatir el desempleo. Una estrategia contra el paro masivo. Propuestas para un acuerdo

Hace tres meses, al finalizar enero de 2013, el PSOE formuló una Propuesta para un acuerdo político y social frente al desempleo masivo. La publicación entonces de los datos ofrecidos por la Encuesta de población Activa (EPA) del último trimestre de 2012 confirmaba los peores augurios que habían adelantado otros registros estadísticos. El mercado de trabajo había sufrido un profundo empeoramiento durante 2012, la economía española se encontraba en plena caída en un marco de estancamiento y recesión que afectaba al conjunto de la eurozona y el clima social medido en términos de expansión de la pobreza y la exclusión social era ya, más que una amenaza latente, una auténtica realidad.

En aquel momento quisimos hacer patente, una vez más, nuestro compromiso político y ciudadano en un país que vivía, y vive, una situación verdaderamente excepcional. Lo hacíamos desde la convicción profunda de que una crisis de la duración e intensidad alcanzada en España y en Europa exige cambios sustanciales. Cambios que afectan al contenido, a la orientación y, algo seguramente mucho más trascendente, a la forma en que se abordan las respuestas a la crisis. Los socialistas creemos que el consenso político, el diálogo social o las políticas de rentas de amplio alcance son necesarios para salir de la crisis

Nuestra propuesta de enero, Crecimiento, empleo y competitividad en un marco de diálogo y concertación política y social, se basaba en la apreciación –creemos que ampliamente compartida por la sociedad española- de que solo saldremos de esta gran crisis a través del consenso y la complicidad social con las reformas.

Una complicidad que será imposible obtener si lo que España y Europa ofrecen a sus ciudadanos/as, en lugar de reformas socialmente acordadas y un imprescindible reforzamiento en su capacidad competitiva y de innovación, es la práctica desaparición de todo lo que con tanto esfuerzo hemos construido en la persecución de una vida digna para nuestras sociedades.

Democracia, bienestar social y progreso económico fueron la mejor síntesis del modelo de convivencia con que se dotaron las sociedades más avanzadas tras la Segunda Guerra Mundial. Educación pública para todos, sanidad universal, pensiones, progresividad fiscal, apoyo a los desempleados/as fueron, y deben seguir siendo, los pilares esenciales en los que se asienta nuestra capacidad de competir y de innovar y han de ser elementos cruciales en la agenda política y social de España y de Europa.

Nuestro sistema de bienestar, debe garantizar la provisión de bienes públicos básicos para los ciudadanos/as.

La reducción del coste de acceso a la vivienda es un instrumento fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as y, en mayor medida, de quienes tienen menos renta.

En el ámbito educativo, hay que continuar mejorando la igualdad de oportunidades y atajar los problemas del fracaso escolar, el nivel de conocimiento y la falta de protagonismo de la formación profesional. Sin embargo, los recortes caminan en la dirección opuesta al igual que el incremento de los precios públicos que limitan la igualdad de oportunidades cuando no están complementados con una política robusta de becas.

Y, junto a ello, resulta esencial defender la naturaleza pública, de calidad y de acceso universal, del sistema sanitario, así como la adopción de medidas para racionalizar el gasto y mejorar su financiación, lo que requiere una nueva definición de ambas cuestiones en un marco de consenso imprescindible. Para ello, hay que evitar la privatización de la sanidad y la instauración de copagos que pueden generar serios problemas de acceso a las personas con menos renta.

Vivienda, educación, sanidad y pensiones forman parte de las rentas reales de los/as trabajadores/as y, en general, del conjunto de los ciudadanos/as. La experiencia de la comparación directa con los países de nuestro entorno muestra que estos bienes se suministran con mayor eficacia desde su provisión pública. Reforzar este modelo, una lección que la historia moderna se encarga de confirmar, lejos de disminuir nuestra competitividad, permitirá incrementarla.

Este es el papel que tales políticas juegan en la instrumentación de una política de rentas pactada de amplio alcance como la que España necesita.

Pero además, la sociedad española no puede seguir contemplando sin preocupación la pérdida de uno de los principales bienes públicos desarrollados durante la democracia: un marco de relaciones laborales con grados apreciables de entendimiento entre las partes, con uno de los más bajos niveles de conflictividad laboral entre los países europeos.

El año 2012, ofrece quizás el peor balance posible en el ámbito del diálogo social tripartito: la total ausencia de diálogo en cualquier materia económica y social de alguna trascendencia. En un solo año, en efecto, el gobierno ha pulverizado una de las mejores cualidades de nuestro marco institucional: la existencia de un espacio sensato de diálogo social y la necesidad de preservarlo precisamente en momentos de crisis y enormes dificultades económicas y sociales.

Por eso es fundamental mantener el consenso, sostenido desde hace casi 20 años, alrededor del Pacto de Toledo en lo que se refiere al sistema público de pensiones. Se trata de un activo intangible que debe ser preservado en el diseño del Sistema de Seguridad Social español, y también, resulta obvio recordarlo, en su futura regulación. Hace solo dos años se alcanzó un acuerdo tripartito, el ASE, en el que se basó la reforma de nuestro sistema de pensiones que entró en vigor a comienzos de 2013. Apenas unos meses después de su entrada en vigor, el Gobierno ha abordado sin diálogo social ni parlamentario un cambio profundo en la jubilación parcial y anticipada y ahora anuncia nuevos cambios en el sistema para “asegurar su sostenibilidad”.

En opinión del PSOE, se corre el peligro de confundir sostenibilidad a largo plazo (algo que sustancialmente ya fue abordado en la reforma que entró en vigor a comienzos de este año) con los efectos sobre el sistema de la pérdida de ingresos motivada por la destrucción de empleo durante la fase de recesión que todavía hoy vivimos. Ese era, y es, el papel del Fondo de Reserva dotado hasta finales de 2011 con casi 70.000 millones de euros (alrededor del 7% del PIB), hacer frente a las necesidades de la coyuntura cíclica.

El PSOE no apoyará nuevas reformas sin el consenso de aquellos que suscribieron el ASE y, mucho menos, aceptará que se aproveche la definición del factor de sostenibilidad para alterar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema público de pensiones.

Desde la presentación de aquella Propuesta por parte del PSOE han pasado tres meses. El Gobierno ignoró, como en tantas otras ocasiones, el valor del consenso en momentos cruciales para España. No es algo nuevo. El Partido Popular también repudió la fuerza del acuerdo cuando ejerció la oposición al anterior gobierno socialista. Pero lo que resulta realmente nuevo es la confirmación de que un Gobierno con mayoría absoluta se ha convertido en un Gobierno que da muestras constantes de impotencia cuando más fuerza y convicción se necesitan.

Durante el año 2012 y lo que va de 2013 la economía española ha perdido casi 1.200.000 puestos de trabajo. En el último trimestre se han perdido 322.000 empleos y el mercado de trabajo ha acumulado un volumen de desempleo que ya supera ampliamente la cifra de 6 millones. La tasa de desempleo ha alcanzado un nuevo registro histórico, 27,2%. Casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y prácticamente 3,5 millones de parados/as buscan empleo desde hace más de un año. Por su parte, el desempleo juvenil abarca ya al 57,2% de los jóvenes que se consideran activos, mientras que la protección por desempleo deja fuera de cualquier cobertura a más de 3,3 millones de desempleados/as.

El Gobierno obtiene consuelo con unas previsiones que anuncian una balbuceante recuperación hacia 2015 y reclama paciencia a los ciudadanos/as. Pero si no hay un impulso decidido y excepcional para estimular el crecimiento en España y en buena parte de Europa, las cosas podrían ir todavía peor. A este ritmo, el empleo destruido durante la presente legislatura puede superar los 2 millones de puestos de trabajo (los casi 1,2 millones hasta ahora perdidos y otros 800.000 que podrían desaparecer en 2013 y 2014) y, si la tasa de desempleo no llega al 30% de la población activa y a un volumen superior a los 7 millones de parados/as, solo será por el incremento del flujo de emigración de nuestra población residente o la reducción de la población activa ante el desánimo y la pérdida de esperanza en la búsqueda de empleo, dos fenómenos que han comenzado a adquirir relevancia durante los últimos dos años.

Las causas de este nuevo e intenso deterioro económico hay que situarlas en el diseño de la política fiscal europea y española basadas en la austeridad como único objetivo, en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda pública y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector privado. Pero además, resulta imposible excluir entre los elementos causales de esta nueva fase de intensa destrucción de empleo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno hace casi 15 meses.

En lugar de incrementar la creación de empleo o de reducir su destrucción cuando el crecimiento es negativo, la reforma laboral de 2012 ha provocado una mayor intensidad en la pérdida de empleo de la economía. La pérdida de afiliación a la Seguridad Social durante el año 2012, -787,2 miles de afiliados, ha sido superior incluso a la registrada en el año 2009 (-727,4 miles), el peor de la crisis en términos de contracción de la actividad económica (-3,7%).

La crisis en España, tiene su propia especificidad vinculada al desarrollo y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria y su solución requiere, por tanto, de políticas propias. España ha perdido para siempre una parte sustancial de su tejido productivo ligado a la construcción y a las actividades inmobiliarias, y ello exige medidas y políticas distintas a las que requieren otros países europeos en los que no es necesario, como sí resulta para nosotros, reemplazar un sector productivo cuya capacidad se ha reducido en casi dos tercios respecto del nivel que registraba en 2007. De ahí que el diseño de política económica que la derecha europea impone en Europa no sirva, tampoco, para nuestro país.

España necesita medidas de emergencia en un momento histórico en el que dispone de menos autonomía y de menos instrumentos de política económica dada nuestra pertenencia al euro. En lo esencial, el reto consiste en obtener un nivel de superávit suficiente y continuado en nuestra balanza corriente que nos permita reducir nuestro abultado grado de endeudamiento externo. Pero no podemos permanecer más tiempo sumidos en la depresión y el estancamiento. Son necesarias políticas de estímulo a corto plazo para reactivar la economía. La salud de nuestro sistema se fortalecerá en la medida en que el crecimiento se asiente. Para ello es fundamental restablecer el crédito a través de nuevos instrumentos para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, aquellas con más dificultades en el acceso al crédito.

El conjunto de acuerdos económicos y fiscales que conforman la gobernanza económica del euro, y de la Unión Europea en su conjunto, configuran una realidad imperfecta que condiciona la política económica. De un lado, las políticas monetaria y cambiaria, que apuestan por un euro fuerte, son europeas, instrumentadas por el BCE y diseñadas conforme a unos principios y parámetros inapropiados en nuestra actual coyuntura (una política de euro fuerte obstaculiza el crecimiento a través del sector exterior en las economías más endeudadas). Y, de otro, la política fiscal y financiera son, en gran medida, políticas de corte europeo, mientras que el rescate bancario no ha hecho más que aumentar nuestra dependencia de las decisiones de nuestros acreedores.

De ahí que resulte ineludible dar un giro sustantivo en la política económica europea para evitar un colapso de dimensiones imprevisibles y garantizar el futuro del proyecto europeo y de la propia moneda única porque, fuera de la Unión Europea, no existe una alternativa de futuro capaz de garantizar prosperidad, cohesión social y bienestar. Otra Europa es posible y necesaria. El Gobierno de España debe hacer oír su voz, hasta ahora inaudible, para mostrar su discordancia en las instituciones europeas.

La estrategia de crecimiento a largo plazo en la eurozona ha fracasado. Durante los últimos años de crisis los resultados son decepcionantes. Ganancias de productividad insuficientes, un proceso intenso y prolongado de reducción del endeudamiento, debilidad del sector financiero y desequilibrios internos en precios y comercio intraeuropeo, son los factores que han contribuido al fracaso de la estrategia y siguen amenazando decisivamente nuestra capacidad para salir de este gran laberinto.

Las respuestas de la política económica europea, insuficientes y casi siempre tardías, deben afrontar el conjunto de estos retos. No podrá haber un compromiso social con la reformas sin crédito, sin inversión y sin crecimiento. Por eso ya han desaparecido los apoyos sociales en la mayor parte de Europa a un ajuste fiscal que no ha producido apenas frutos.

La restauración del flujo de crédito y la normalidad en nuestro sistema financiero es la principal prioridad. De ahí la importancia de acelerar la Unión Bancaria y, con ella, una estrategia compartida de recapitalización y de resolución, en su caso, de entidades financieras.

Por el lado de la inversión, se necesita una acción decidida para el incremento de las dotaciones de los fondos europeos y de capital adicional del BEI para la promoción del crecimiento a través de la inversión productiva. Sin ella los países más afectados por la contracción fiscal y el desendeudamiento privado continuarán debilitándose en un contexto recesivo de larga duración. De ahí el clamoroso fracaso de la estrategia presupuestaria europea para los próximos años. En plena crisis y con el continente en recesión, la respuesta ha sido tan insuficiente que podría calificarse de ridícula en términos históricos.

Los problemas a los que se enfrenta Europa son de un calado y dimensión desconocidos hasta ahora. Sabemos que una parte de ellos tienen que ver con el desequilibrio entre países deudores y países excedentarios. De la misma forma que la adopción de una estrategia de ajuste fiscal intenso y simultáneo en el continente lo ha sumido en la recesión, no habrá solución si todos pretenden al mismo tiempo encontrar en el sector exterior el remedio a sus males. Por eso es necesario reequilibrar la política aplicada en los países acreedores mediante estímulos a la demanda interna que ayudarían a la recuperación de los deudores.

Crecer es también, y sobre todo, ganar en productividad. Y hacerlo de forma sostenida.

El nuevo patrón de crecimiento debe ser coherente con el modelo de sociedad avanzada al que aspiramos: inteligente (innovador, basado en el aprendizaje, en la formación, en el talento, en la investigación, en el apoyo a las y los emprendedores/as), sostenible (medioambientalmente, saludable, socialmente justo y económicamente equilibrado) y globalmente solidario (social, territorial e intergeneracional) pensado para la superación de los desequilibrios y para avanzar y garantizar la integración, la cohesión y la distribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades

Hay que emprender reformas de verdad. Pero debemos acabar con una visión que identifica reformas con incrementos en la desigualdad, reducciones en derechos y recortes sistemáticos en el estado de bienestar. Las reformas deben ser para fortalecer la productividad, estimular el mercado de trabajo, ganar en competencia y en capacidad de formación e innovación; también, para lograr una economía sostenible, eficaz y eficiente en el uso de los recursos y en la lucha contra el Cambio Climático. Reformas en lo público, pero también en el ámbito empresarial, que las necesita incluso en mayor medida que el Estado. Reformas en el lado de la oferta, pero también desde la demanda en un continente ahogado en la depresión. Reformas en el sector financiero y en el sector real. En los servicios y en la industria. En el trabajo y en las empresas.

Las nuevas previsiones del Gobierno contenidas en la actualización del Programa Nacional de Reformas y en la Actualización del Plan de Estabilidad, presentadas tras el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril de 2013, son absolutamente desalentadoras: destrucción de más de 1.300.000 empleos a lo largo de la legislatura y una tasa de paro próxima al 26% al acabar 2015. Pero seguramente lo peor de la nueva situación no reside tanto en la persistencia de un volumen de desempleo tan elevado que afecta a la supervivencia del sistema de protección social y a la consistencia de nuestro sistema financiero, sino en la incapacidad de las actuales políticas para afrontar una situación de extraordinaria gravedad.

Ante esta situación, el Partido Socialista quiere hacer un llamamiento al gobierno, a las fuerzas políticas y a las organizaciones económicas y sociales. Se trata de poner en marcha un nuevo proceso de concertación política y social que concluya en un gran Acuerdo. Un acuerdo por la reactivación económica y la creación de empleo con medidas de estímulo selectivas. Para impulsar el crédito a la pequeñas y medianas empresas y reducir la carga financiera de las familias y hogares afectados por la crisis. Un pacto, para hacer un país más competitivo capaz de afrontar los retos de un mundo globalizado. Para promover una estrategia fiscal capaz de reordenar un sistema que ha perdido capacidad recaudatoria de forma intensa y que se aleja cada vez más de los principios de equidad y progresividad característicos de los sistemas fiscales más avanzados. Y, algo fundamental en el mantenimiento de la convivencia en un país que se dispone a entrar en el sexto año de crisis, para sostener un nivel de protección suficiente entre los más de 3,5 millones de personas desempleadas amenazadas por la pobreza y la falta de perspectivas para sus vidas y las de sus familias. Un acuerdo, que permita retornar cuanto antes al crecimiento y al empleo, porque solo pueden reducir sus deudas y garantizar sus compromisos las economías que crecen. España, no conviene olvidarlo, ha vuelto hoy a niveles de empleo inferiores a los que registraba hace diez años y ha perdido desde que comenzó la crisis el 20% de su volumen de empleo. Un acuerdo que, por todo ello, dé confianza al conjunto de la sociedad, movilice todas sus capacidades, las ponga con efectividad al servicio de la creación de empleo y ofrezca, así, un gran objetivo nacional en el que se sientan identificados todos los ciudadanos/as.

Un llamamiento que también debe hacerse extensivo a las autoridades europeas, para que abandonen de una vez esta política ciega e inútil que nos mantiene en la depresión y el sufrimiento, que puede acabar con nuestro modelo de convivencia y que está afectando a la credibilidad y la fortaleza de la moneda única.

Pero lo más importante hoy es cerciorarse de que nuestras autoridades, en España y en Europa, no olviden otra vez las lecciones de la historia. El mundo y Europa salieron de la depresión y el estancamiento con más compromiso de la política monetaria y fiscal, y con la ayuda del principal país excedentario tras la Segunda Guerra Mundial -los Estados Unidos- para la reconstrucción de Alemania y el conjunto de Europa. Así nació el Plan Marshall en Europa, impulsado desde las mismas convicciones que habían desarrollado el New Deal en Norteamérica tras el fenomenal impacto de la Gran Depresión. Tres años de política de austeridad a ultranza, de ajuste sin fin y sin resultados apreciables, deben ser suficientes para acabar con una política rigorista que está ahogando el presente y el futuro de buena parte de la sociedad europea. Tres años de tímidos avances deben bastar para comprender que la falta de integración económica, empezando por la ausencia de una efectiva Unión Bancaria, está impidiendo a Europa la superación de una crisis que amenaza su propia supervivencia.

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PSOE, Reactivar la Economía para combatir el desempleo. Una estrategia contra el paro masivo. Propuestas para un acuerdo, 05/2013, 49 pg.

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