Josep Ramoneda: Per uns estats generals contra la crisi

Josep Ramoneda: Per uns estats  generals contra la crisi

 

En Europa, la inteligencia parece estar de vacaciones. La brutal intervención de la Unión Europea en Chipre, poniéndose la legalidad por montera para confiscar parte de los ahorros de los ciudadanos, coloca a Europa en una situación de incertidumbre absoluta y confirma que los prejuicios y una mezquina interpretación de los intereses nacionales se han impuesto a cualquier intento racional de ofrecer una salida de la crisis. Hay que hurgar en la enorme mochila alemana, cargada de desatinos históricos y de psicopatologías colectivas, que lleva Angela Merkel sobre sus espaldas, para entender lo que está pasando. Y, sin embargo, todos los gobernantes europeos han dado el visto bueno al descomunal castigo que la UE ha impuesto a los chipriotas. En la política europea reina el silencio de los mansos.

Mientras esto ocurría, el presidente Artur Mas, ha dicho, en una reunión semiclandestina de su gobierno, que la prioridad es defender el estado del bienestar. Solo si los políticos buscan una alianza firme con sus ciudadanos, que genere inquietud en Berlín y en Bruselas, y les obligue a rectificar, pueden devolver a la política autoridad y respeto. Y, sin embargo, los partidos catalanes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para celebrar un encuentro sobre el paro y la crisis social que está devastando el país. Una vez más la impresión que se ha transmitido a la ciudadanía es que las mezquinas intrigas partidarias lo arruinan todo. Entre tanto, Alemania hace y deshace aprovechándose de la impotencia de los demás.

El fracaso de la cumbre no nata en Cataluña coincide con la publicación de una encuesta en este periódico, según la cual el 86% de los encuestados no confía en que los partidos políticos les protejan en caso de enfrentarse a un problema de desahucio, al tiempo que ven mucho más de fiar a los movimientos sociales. Estos se han ganado su reconocimiento obligando al parlamento a debatir una iniciativa legislativa popular sobre los desahucios y paralizando con sus acciones varios intentos de expulsar a ciudadanos insolventes de sus viviendas. La pasada semana, además, el Tribunal de Luxemburgo declaró fuera de la legalidad europea a la legislación hipotecaria española. Es decir, tanto el PSOE como el PP han sido incapaces, por su reverencial temor a los bancos, de cambiar una ley de 1905, y ahora tendrán que hacerlo obligados por la justicia europea. Son todos ellos ejemplos de que la política llega más tarde que nunca. Los movimientos sociales les adelantan por un lado, la justicia por otro. La política, bloqueada por poderes externos y contramayoritarios es incapaz de asumir la iniciativa. Solo reacciona cuando ya no le queda otro remedio.

En un momento en que la estrategia política impuesta desde Europa es asfixiante y discutida en todas partes, ¿no tendría sentido abrir un poco las vías de comunicación con instituciones privadas, agentes y movimientos sociales? La respuesta de la política es: que viene el lobo. Que la gente se preocupe por los problemas de todos y preste atención a los que se movilizan y hacen propuestas es, dicen, antipolítica, porque la política somos nosotros. Este es el mensaje: fuera de la política solo cabe el populismo o el caos. Populismo es hacer propuestas imposibles de ser cumplidas. ¿No fue así como el PP ganó las últimas elecciones? La crisis social se agudiza y el territorio acotado —que los partidos controlan en régimen de oligopolio— se desmorona. Si los partidos no quieren ahogarse en la charca del servilismo en que se han metido, tienen que mirar de cara a la ciudadanía y ser sensibles a sus ideas y a sus impulsos. ¿No sería el momento de convocar unos estados generales para remontar la crisis social y explorar una alianza entre política y ciudadanía? ¿O tenemos que dar por hecho que la política está en frente de la ciudadanía y no con ella? Es muy importante que políticos y movimientos sociales se hablen, para reconocerse y poner todas las cartas sobre la mesa. Y, después, que cada palo aguante su vela. La representación de la ciudadanía corresponde a los parlamentos y son ellos los que tienen que tomar las decisiones legislativas. Pero, precisamente para que el vínculo no se rompa y para que la política no llegue siempre tarde, podría ser útil escuchar a los demás. Especialmente cuando la ciudadanía se siente más representada por los movimientos sociales que por los partidos políticos. Escuchar, dialogar y decidir, cada cual en función de su papel. ¿No es esto la democracia? Sería una oportunidad para demostrar que Cataluña puede ser pionera.

Josep Ramoneda, El País, 19/03/2013

 

 

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