I. Fernández i C. Méndez: Pensions publiques, dignes i segures

Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez: Pensions publiques, dignes i segures

 

El sistema de pensiones es clave para la población. Da cobertura a más de ocho millones de personas y los trabajadores confían en una prestación adecuada y suficiente cuando finalicen su vida laboral. Su tarea es ambiciosa y esencial, estabiliza los ciclos económicos y reequilibra desigualdades sociales, con mucha influencia en la calidad de vida de las personas.

El sistema público de pensiones ha mantenido hasta hace poco superávits anuales, acumulando un Fondo de Reserva elevado (66.814 millones de euros hasta mediados de 2012; el 6,5% del PIB). La crisis que ha destruido tres millones de ocupados desde 2008, tiene una influencia determinante en el deterioro de sus cuentas hasta incurrir en déficit (-4.400 millones de euros en 2012, y -2.131 millones de euros en 2013 con la previsión oficial).

En 2013 entra en vigor una amplia reforma, derivada del acuerdo alcanzado en 2011 por el Gobierno anterior con CC OO, UGT, CEOE y CEPyME y aprobado después por las Cortes Generales. Profundiza en la contributividad del sistema cambiando la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones, incorporando el criterio de carrera profesional completa con 38,5 años cotizados para determinar la edad ordinaria de jubilación de cada persona, entre 65 y 67 años, en vez de los 65 actuales y ello, aún siendo conscientes de que España tiene una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87). Al tiempo, reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos).

La reforma prevé cambios en las aportaciones para reforzar los ingresos del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad. Actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando requisitos de acceso más rigurosos, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta hoy. El objetivo es reforzar el sistema de reparto, compatibilizando una mayor cobertura de pensiones con mejoras razonables en términos reales y moderación en el crecimiento del gasto en relación con el PIB, hasta alcanzar un porcentaje similar al de la zona euro, hoy superior al nuestro.

Con la posición financiera enunciada y sin comprobar los efectos de la reforma, se escuchan voces reclamando una reforma estructural del sistema para su sostenibilidad financiera. La experiencia acumulada en un sistema de larga duración desaconseja decisiones estructurales por razones coyunturales. Igual que se trasladaron a reservas los superávits conseguidos durante el ciclo económico, tampoco se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo, a la que han contribuido las dos últimas reformas laborales, que es preciso revertir. De no hacerlo, nuestro mayor problema no será cómo pagar las pensiones.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado discriminatoria la legislación española en cuanto al reconocimiento de periodos cotizados a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial. El alcance de esta doctrina, que recoge posiciones defendidas por las organizaciones sindicales, tendrá importancia sobre nuestro sistema de pensiones.

La pensión de un trabajador es resultado del esfuerzo realizado durante su carrera profesional; la revalorización anual de su pensión le permite mantener el poder adquisitivo durante el tiempo de percepción. Cambiar la forma de actualización (IPC anual) podría reducir el coste, pero perjudicaría a todos los beneficiarios. El excesivo crecimiento de precios deteriora la renta de los más débiles y la capacidad de competir vía precio de los productos españoles. El objetivo principal de la política económica debe ser la estabilidad de precios, no perjudicar a los pensionistas. Muestra de esta preocupación es el AENC II suscrito por UGT, CC OO, CEOE y CEPyME en 2012 para conseguir una evolución más moderada de los precios gracias a la evolución de las rentas durante tres años (salarios y beneficios distribuidos, a lo que debe sumarse una actuación de los poderes públicos en el control de los precios públicos).

El sistema de pensiones debe cuidar un trato equitativo de las personas que cumplen las mismas condiciones, contribuye a la solidaridad, cohesión y justicia social sin descuidar la sostenibilidad y equidad del sistema; pero estos objetivos no avalan la desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada, que no atentan contra la viabilidad ni la equidad y, sin embargo, dan cobertura a colectivos muy desfavorecidos de trabajadores que han perdido su empleo y por su edad es casi imposible que consigan otro. El acercamiento de la edad real de jubilación a la de acceso ordinario puede ser un objetivo aparente, pero hoy la jubilación anticipada —con un coeficiente reductor exigente para quienes la utilizan (6,5%-7,5% por año de adelanto aplicable a la duración completa de la prestación— no cuestiona la sostenibilidad financiera, al no generar mayor coste. Los objetivos estéticos no refuerzan el sistema de pensiones.

El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera.

A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en España el factor de sostenibilidad ya existe, con éxito, desde 1995, y se articula alrededor del Diálogo Social, que ha producido cuatro acuerdos, dos de ellos de especial intensidad, y el Pacto de Toledo

Las cuotas sociales en relación con el PIB en España son inferiores en 2,5 puntos del PIB a la media de la zona euro. Hay margen de subida que puede ser utilizado en la cuota de contingencias comunes con una distribución en la que los trabajadores también participen en un porcentaje suficiente. La cuota del empleador forma parte de los costes laborales para la empresa, pero el conjunto de las cuotas sociales son renta de los asalariados percibida de forma diferida (las prestaciones).

Los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero pueden estar complementados por otras fórmulas de ingresos hasta completar el objetivo marcado como esfuerzo de la sociedad a las rentas de quienes aportaron su esfuerzo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB). CC OO y UGT han mostrado su compromiso con el sistema de Seguridad Social español, participando activamente en su diseño y evolución, con medidas concretas, valientes en muchos casos, que han necesitado de un intenso proceso de explicación entre los trabajadores.

Estas medidas adoptadas en el diálogo social, han reforzado el sistema y han estado insertas dentro del consenso articulado en el Pacto de Toledo. Único Pacto de Estado vivo en España que se cuestiona en estos tiempos. Es un error, necesitamos más consensos de estas características, no debilitar el existente. La sociedad española necesita dialogo y consenso para salir antes y mejor de la crisis. Cambios unilaterales y precipitados en el sistema de pensiones no ayudan a ello.

Ignacio Fernández Toxo i Candido Méndez, El País, 25/12/2012

 

 

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