Gabriel Castellano: Los colegios concertados deberían ser solo mixtos y sin ánimo de lucro

Gabriel Castellano: Los colegios concertados deberían ser solo mixtos y sin ánimo de lucro

 

No es fácil de entender el empeño del ministro de Educación por tratar de favorecer un modelo educativo subvencionado que nada tiene que ver con la iniciativa social. Tampoco parece muy adecuado extender un sistema de concesiones de centros concertados que genera dudas porque la adjudicación de estos concursos pueda recaer en entidades ideológica o afectivamente afines. Y todavía es menos comprensible que con la excusa de la libertad de elección de centro se trate de blindar una educación diferenciada sostenida con fondos públicos, que en España no obedece en ningún caso a criterios pedagógicos sino exclusivamente a una forma muy concreta de entender la educación católica.

El actual Gobierno está desperdiciando una magnífica oportunidad de proponer en su reforma educativa algo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, incluso la oposición, aplaudiría sin dudarlo: que todos los colegios concertados, por el hecho de estar sostenidos con fondos públicos, tengan que ser necesariamente entidades sin ánimo de lucro y educar juntos a niños y niñas.

Sin entrar en la necesidad o no de los diferentes tipos de centros educativos que hay en España (públicos, concertados y privados) la realidad es que, a día de hoy, el sistema ya no parece que sea modificable en cuanto a la coexistencia de todos ellos. Sin embargo, sí se hace imprescindible garantizar un adecuado escenario de participación, en beneficio del sistema educativo en general y de la libre competencia en particular.

La aparición de los colegios concertados “de nueva generación” (el modelo Aguirre) en la Comunidad de Madrid, además de restar muchos recursos para la enseñanza pública, ha provocado un cambio dramático y un desequilibrio en el sector educativo que también está perjudicando de manera extraordinaria a la iniciativa realmente privada. Sirva como ejemplo que en los últimos cinco años se han concedido en la Comunidad de Madrid más de 60 nuevos centros concertados y no solo no se ha abierto ninguno realmente privado sino que varios han tenido que cerrar sus puertas.

El equilibrio existía. En España la mayoría de los colegios concertados son de congregaciones religiosas y en estos casos, además de ser indiscutible su decisiva contribución a la educación en España y ser propietarias del terreno en el que se ubican los centros, es indudable que sus titulares son entidades sin ánimo de lucro y todos ellos educan juntos a niños y niñas.

Uno de los principales acuerdos que se tomaron en materia educativa respecto a los conciertos, en los inicios de nuestra democracia, fue establecer el requisito de que estos colegios concertados, que durante muchos años mantenían separados a niños y niñas, se transformaran en centros mixtos. Supuso un gran esfuerzo para ellos. Casi todos estos colegios eran católicos, de iniciativa social y cubrían un espacio que no podía ni debía contemplar la enseñanza pública de un Estado aconfesional. Durante ese tiempo la iniciativa educativa realmente privada ha convivido de manera equilibrada con este modelo, diferenciándose a base de innovación, de personalización y de calidad. En los últimos años, y en nuestra opinión sin haber estudiado adecuadamente sus consecuencias, se ha fomentado un nuevo modelo de colegio concertado que permite, a entidades privadas de todo tipo, hacer estupendos negocios con la educación en suelo público y con el dinero de todos. Recientes sentencias del Tribunal Supremo se han pronunciado en contra de que se sostengan con fondos públicos modelos que plantean una educación diferenciada por sexos cuando antaño se había obligado a todos los colegios concertados a establecer la coeducación. Estas iniciativas de colegios con educación diferenciada, si bien son perfectamente lícitas desde el punto de vista educativo y de la libertad de elección de centro, aunque tengan cierta aceptación entre algunos ciudadanos, deberían ser completamente privadas y en ningún caso susceptibles de ser subvencionadas.

El terreno, casi regalado. Los centros concertados tradicionales están edificados mayoritariamente en solares propiedad de la Congregación Religiosa correspondiente. Los concursos públicos para otorgar los nuevos colegios concertados incluyen la concesión, por 50 o incluso 75 años, del terreno en el que se van a construir. Estas parcelas han sido cedidas a la comunidad autónoma por parte de los municipios para ese fin concreto antes de convocar el concurso. El suelo es por tanto público y se tiene en cuenta la oferta económica del canon a pagar por parte de los licitadores, aunque curiosamente esa oferta nunca resulta determinante. Quizá por esta razón la media del canon anual para el adjudicatario resulta absolutamente ridícula, situándose en aproximadamente unos 6.000 euros anuales por hectárea (10.000 m2). Esta cantidad, aunque se actualice conforme al IPC, puede considerarse un auténtico regalo y un agravio comparativo más respecto al otro tipo de centros concertados; y no digamos ya respecto a los colegios privados, cuyos costes de inversiones en terreno resultan a día de hoy prácticamente inviables. Si a esto añadimos la utilización que en determinados casos se hace de parte del suelo cedido para uso educativo para otros fines privados (principalmente deportivos), entonces tenemos razones más que suficientes para intentar hacer ver a los responsables educativos que tienen el deber de reconducir la política de conciertos educativos y evitar que se extienda el modelo aplicado en la Comunidad de Madrid a otras.

La legalidad, la alegalidad y la imposibilidad de controlar las cuotas “voluntarias”. Las administraciones públicas han insistido muchas veces en que tomarían medidas para que se cumpliera la legalidad respecto a los abusos que ciertos colegios concertados pudieran estar haciendo con las controvertidas “cuotas voluntarias”. Los colegios concertados religiosos, aunque nunca han abusado realmente de esas cuotas y a pesar de pertenecer, de facto, a entidades sin ánimo de lucro, crearon fundaciones para poder acoger esas aportaciones “voluntarias” en un marco más estable. Incluso algunas familias se desgravan fiscalmente de sus aportaciones (a nuestro modo de ver de manera irregular), a pesar de ser evidentes pagos por prestación de servicios encubiertos y no meras donaciones. ¿Cómo se puede considerar donación una aportación voluntaria, de periodicidad mensual, solo durante los meses que dura el curso y a una entidad en la que están estudiando los hijos del donante? Eso es una prestación de servicios encubierta como una catedral.

Pero lo peor de todo es que el sistema sirve también para los que no son instituciones de iniciativa social, ni entidades sin ánimo de lucro. Si los centros religiosos lo hacían, los que no lo son se han apuntado también. Y como no es un requisito necesario el ser una entidad sin ánimo de lucro para conseguir la adjudicación de un colegio concertado, los más avispados y con mejores influencias se han apuntado a ese carro para obtener pingües beneficios con la famosa “aportación voluntaria”. ¿Tiene algún sentido que se pueda considerar como voluntario un pago de periodicidad mensual a una entidad mercantil con ánimo de lucro que me presta unos servicios? Evidentemente, no. No parece posible que esta circunstancia pueda existir en ningún país civilizado. Pero ¿qué legislación puede impedir que cualquier ciudadano aporte, done o regale dinero a quien le dé la gana?

Posiblemente ninguna. Por eso, la lucha porque se cumpla la legalidad será estéril con la actual legislación y con la propuesta del Gobierno. Es necesario cambiar los requisitos para poder ser un colegio concertado. Y luego, el que quiera hacer trampas, que se atenga a las consecuencias. Pero que no sea la propia Administración Pública la que lo favorezca o la que no esté dispuesta a impedirlo.

Las consecuencias si no se rectifica. La importancia del sector educativo privado no concertado dentro del tejido empresarial español tiene mucha más relevancia que el porcentaje que supone respecto al total de la educación en España. No solo por el ahorro que representa para el estado el no tener que escolarizar a esos alumnos en las etapas obligatorias (unos 200.000 alumnos en toda España a un coste medio de no menos de 7.000 euros, supondrían unos 1.400 millones de euros de mayor gasto para las arcas del estado), sino sobre todo por la mejora de la competitividad, la calidad y la innovación educativa que impulsan estos colegios y, por supuesto, por la cantidad de puestos de trabajo que generan.

Los poderes públicos no deberían permitir que la actual coyuntura pueda situar a estos centros en riesgo de desaparición, y si esta situación no se rectifica inmediatamente se estrangulará completamente la iniciativa educativa realmente privada en las etapas obligatorias.

Y en cualquiera de los casos, un Gobierno con un mínimo de responsabilidad social no debería permitir el acceso al concierto educativo a centros cuyos titulares sean entidades con evidente ánimo de lucro, en suelo público y con dinero público.

Gabriel Castellano, El País, 24/12/2012

 

 

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