Javier Pérez Royo: Moment desconstituent

Javier Pérez Royo: Moment desconstituent

 

“Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista; coincidimos todos en alcanzar por la vía de la autonomía un nuevo sentido de la unidad política de España”. Son palabras de Miquel Roca en el debate general sobre el Proyecto de Constitución en el Congreso de los Diputados (las cursivas son mías).

En ese clima se hizo la Constitución y en ese clima se procedió después a la construcción del Estado autonómico. Que no estuvo exento de dificultades graves. Tras el resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica el 28-F de 1980 en Andalucía, se inició un proceso de descomposición de UCD, que se aceleraría en el otoño de ese mismo año, tras la sucesión de Adolfo Suárez por Landelino Lavilla, y que desembocaría en el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, coincidiendo con el debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.

En la resaca del referéndum andaluz, de la crisis de UCD y del golpe de Estado del 23-F, se aprobaron los pactos autonómicos de julio de 1981, mediante los cuales se definió la estructura del Estado tal como la conocemos. La aprobación de los pactos por UCD y PSOE exclusivamente, planteó un problema constitucional grave, ya que dichos Pactos incluían la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), que suponía una reducción muy importante para el ejercicio del derecho a la autonomía. Dicho problema constitucional fue resuelto con el mismo espíritu con el que se hizo la Constitución. Durante el debate parlamentario, por invitación expresa de UCD y PSOE, se llegó al acuerdo de que la LOAPA fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se despejaran las dudas de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró anticonstitucional el núcleo esencial de la LOAPA, acelerándose a partir de ese momento la construcción pacífica del Estado autonómico.

De ese clima constituyente del Estado autonómico, que se prolongó de 1978 a 1983, no queda nada. El vínculo entre unidad de España y derecho a la autonomía ha quedado roto. Roto en Cataluña, en donde el nacionalismo catalán, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, ve la unidad de España como un obstáculo insoportable para el ejercicio del derecho a la autonomía. Y si no roto, sí seriamente afectado, en el resto del Estado, ya que el Gobierno, con mayoría absoluta, en lugar de considerar que el derecho a la autonomía puede ser un instrumento de gobernabilidad, vive el ejercicio de tal derecho como un obstáculo para la acción del Estado.

Nos hemos instalado en un momento desconstituyente, en el que se está procediendo a derribar lo que se construyó con base en el clima constituyente de 1978-83. De ahí que, aún coincidiendo con el editorial de ayer viernes, Debate constituyente, no veo que exista la más mínima posibilidad de que tal debate pueda producirse. Un debate constituyente presupone la disposición de llegar a acuerdos. Y dicha disposición no existe no para buscar una relación integradora entre Cataluña y España, sino para nada. Diría más. Se está haciendo uso del conflicto con Cataluña para imponer una agenda, no reformista sino reaccionaria, en todos los terrenos.

Basta repasar la acción normativa en este primer año de Gobierno de Mariano Rajoy para comprobarlo. Ahí está el uso abusivo del decreto-ley. No se ha buscado el acuerdo en ningún terreno. Ni en el de las relaciones laborales, ni en el de la educación en todos sus niveles, ni en el de la sanidad, ni en el de la justicia. Dos huelgas generales, innumerable huelgas de médicos y demás personal sanitario, de profesores en los distintos niveles de enseñanza, del personal investigador del CSIC, protestas de jueces y demás personal de la Administración de justicia con advertencia de huelga. Esto es lo que ha generado y sigue generando la acción de Gobierno. Y no se ve en el horizonte ningún propósito de rectificación, sino todo lo contrario.

No es solamente el ejercicio del derecho a la autonomía lo que está siendo puesto en cuestión. También se ha puesto en cuestión el sistema de relaciones laborales, el sistema educativo con la devaluación de la educación pública, el sistema de protección de la salud con la privatización de su gestión, el sistema de acceso a la justicia con las tasas judiciales y hasta con la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad.

En una situación de emergencia, en lugar de buscar el acuerdo para hacer frente a la misma, se está potenciando el conflicto en todas las direcciones imaginables. Quien siembra vientos…

Javier Pérez Royo, El País, 08/12/2012

 

 

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