Jordi Font: Felipe i el dret a decidir

 

El otro día, Felipe González nos obsequiaba con algunas verdades de Perogrullo: en la Constitución no cabe la independencia ni tampoco la autodeterminación. Lástima del tono de verdad inmutable con que lo dijo. Y lástima también porque la vulneración de la legalidad hay que denunciarla siempre, también cuando un tribunal trucado y deslegitimado da en cargarse uno de los fundamentos del pacto constituyente de 1978: el reconocimiento y el trato específico de las “nacionalidades” o naciones que integran la “nación española”. Esto y el vía crucis precedente son los que han determinado el vuelco en Cataluña. Y es sobre la causa, y no sobre sus efectos, que se echa en falta la voz de quienes deberían poner inteligencia en el asunto.

La sentencia del Estatut, urdida tras el burladero de Las Ventas, ponía en quiebra, precisamente, lo que había determinado el asentimiento de Cataluña al pacto constitucional. Y lo hacía después de diez años de escarnios y linchamientos xenófobos, de menosprecio prepotente a la voluntad democrática del pueblo catalán (”cepillo” incluido); y después de constatar algunas relegaciones inexplicables (alta velocidad, eje mediterráneo…), así como el lastre de un déficit fiscal situado entre el 10% (cuando Europa no rebasa el 4% para no gravar en exceso las condiciones de vida de los territorios solidarios. De aquellos polvos, estos lodos.

Ahora, caben tan sólo dos opciones: o España se mueve y da lugar, por fin, a un nuevo pacto constitucional justo, que consagre además el Estado plurinacional que la Constitución de 1978 daba a entender o España va a resultar inviable. Ningún demócrata, en este contexto, debería anatemizar el derecho de los pueblos a decidir, por más que la Constitución lo ignore. Cuando los pactos decaen y, con ellos, se deslegitiman las normas a las que dieron lugar, queda la democracia y su ejercicio sin cortapisas. Y sin que ello impida alcanzar nuevos pactos.

Recuerdo el Congreso del PSOE de 1979, al que asistí como “invitado fraternal”. Sellado y refrendado el pacto constitucional de 1978, se decía, quedaban superados tanto el unitarismo franquista como la autodeterminación unilateral, por lo menos mientras el pacto perdurara. Por otro lado, ETA seguía matando, con el derecho de autodeterminación en ristre. Éste, efectivamente, caería de los papeles del PSOE, pero no por razones de principio, sino por razones circunstanciales.

Hasta ahí, habían regido los acuerdos del Congreso de 1974, reafirmados por el Congreso de 1979. Y ahí quedaban, como cabeza de puente, según le fuera a la incipiente y amenazada democracia. Decían así: “La definitiva solución del problema de las nacionalidades (…) parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación (…). El ejercicio de este derecho se enmarca, para el PSOE, dentro (…) del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación. (…) El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones adecuadas a sus peculiaridades.”

La cita desmiente a las tópicas voces que niegan el derecho de los pueblos a decidir, en nombre de no se sabe que esencias socialistas, referidas al PSOE. No hay nada de ello en las posiciones del socialismo español que desembocaba en la transición democrática.

Desmentido hoy el pacto constitucional, el derecho de los pueblos a decidir está ahí. Por más que la norma lo ignore, no en balde es hija de una lejana correlación de fuerzas en la que el ruido de sables lo presidía todo, al extremo de meternos, en 1981, en la inconstitucional deriva de la LOAPA. Sólo desde ahí, es posible entender y alcanzar la realidad catalana de hoy. Y lo más importante: sólo desde ahí, es imaginable que España se mueva y sea capaz de ofrecer un modelo de Estado realmente inclusivo de su pluralidad nacional.

A no ser que España resultara ahora capaz, sin la presión de una consulta catalana, de releer y entender por fin los cantos de Joan Maragall a “Iberia” y de Salvador Espriu a “Sepharad”. A estas alturas, sería lo que se dice un milagro. Aunque también sería lo más razonable y lo más barato. Y es que, en democracia y más aun en Europa, ya no caben los tradicionales bombardeos sobre Barcelona. España debería hacer, con Cataluña y con Euskadi, lo que Gran Bretaña y Canadá con Escocia y El Québec. Apostar por el inmovilismo no hace más que acrecentar el independentismo y favorecer la hegemonía cultural de la derecha.

Jordi Font, La Vanguàrdia, 10/10/2012

 

 

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