Enric Company: Resposta autoritària a l’independentisme

 

Una parte de la respuesta política al terrorismo vasco desde que entró en vigor la Constitución de 1978 ha consistido en asegurar que, abandonada la violencia, todas las opciones políticas son defendibles en el Estado democrático español. Todos los partidos españoles y los sucesivos Gobiernos han sostenido que en un régimen democrático se da por descontado que hay pluralidad de proyectos y su ventaja, su grandeza, reside en garantizar que todos podrán competir para alcanzar sus fines, si lo hacen pacíficamente y en el marco de la ley. Eso valía incluso, claro está, para el proyecto independentista al que decían servir los terroristas.

Sucede ahora, sin embargo, que cuando en Cataluña se ha desatado una campaña política abierta en favor de la independencia, la respuesta del Gobierno de España ha sido otra. Ha consistido en afirmar que esa independencia es imposible. No ha dicho solamente que está en contra de esta pretensión y que se opondrá a ella. Ha advertido de que también es imposible la celebración en Cataluña de un referéndum o una consulta legal a la ciudadanía con este propósito. Y ha enfatizado que la respuesta a esta pretensión está en la aplicación de la Constitución y las leyes. De las que, acto seguido, se destaca que ni por asomo permiten la celebración de referendos de secesión en una de sus partes.

Es como si en aquella respuesta política al terrorismo, hubiera una segunda parte que se obviara. La siguiente: todas las opciones políticas son defendibles en el Estado democrático español, aunque hay algunas que no podrán realizarse porque las leyes y la Constitución no lo permitirán nunca. La vicepresidenta Sáenz de Santamaria se encargó de precisarlo al advertir que, como hizo su partido, el PP, en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, el actual Gobierno se encargaría de que, llegado el momento, el Tribunal Constitucional frenara en seco cualquier propuesta independentista que viniera de Cataluña.

Aquello fue un desastre para el desarrollo del sistema autonómico español. Rebajó la capacidad de autogobierno muy por debajo de la voluntad catalana libremente expresada en referéndum, con lo que, en realidad, puso en jaque al modelo. Pero la respuesta que ahora da el Gobierno de Rajoy a la pretensión del independentismo catalán es peor, mucho peor. Lo que subyace en ella es la tentación autoritaria de quien se cree poseedor del Estado para siempre. Eso no va a suceder, afirman, por mucho que insistan.

Cabe pensar que en la medida en que la pugna ha sido llevada por Artur Mas y su partido al terreno electoral, y como antes hay también elecciones en Euskadi y Galicia, la respuesta del Gobierno de Rajoy y del PP se oriente prioritariamente a erigirse en bastión del antiindependentismo en estas tres comunidades. Tiene su lógica. También la tiene que alce la bandera rojigualda en lo que en Cataluña se suele denominar tan imprecisamente el resto de España, de donde, al fin y al cabo, le viene al PP la mayor parte de su fuerza. Y que confíe, con razón, en que su peso demográfico-electoral supere al que pudiera sustentar cualquier pretensión catalana. Pero es muy preocupante que ante una propuesta política que en primera y última instancia no apela más que al principio democrático, la respuesta haya sido la de negar que haya cauce para su eventual desarrollo.

De la misma forma que al cegar el desarrollo del autogobierno el Tribunal Constitucional puso en jaque el Título VIII de la Constitución, el PP corre ahora el riesgo de poner en jaque la idea de democracia. Argumentar que solo puede haber un referéndum sobre la independencia de Cataluña si en él votan los castellanos, los madrileños, los andaluces, etcétera, no es solo una burla; sería antidemocrático.

Es de todo punto lógico que el conjunto de la ciudadanía española se pronuncie sobre una eventual modificación de su marco constitucional. Pero también lo es que una demanda de independencia con la base social que arropa la actual en Cataluña pueda exponerse como tal a las urnas en Cataluña. O sea que hay que pensar en otra respuesta. ¿De qué tienen miedo? ¿Tan inseguro está el Gobierno de su idea de España? ¿No tiene nada que ofrecer? ¿Acaso cree ya que no ganaría el referéndum?

Enric Company, El País, 09/10/2012

 

 

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