Manuel Castells: Quimera real

 

Estamos abocados a una crisis constitucional como consecuencia del desacuerdo fundamental entre las instituciones catalanas y las españolas con respecto al régimen fiscal y al reparto de competencias. La crisis se ha agravado todavía más después de la intervención partidista del Monarca, alineándose con las posiciones del Partido Popular, con su mismo lenguaje de fundamentalismo constitucional, porque socava la legitimidad de la monarquía en una futura Catalunya soberana. Como sus antepasados borbones, Don Juan Carlos ha asumido la grave responsabilidad de escoger a España frente a Catalunya sin buscar discretamente una reconciliación. Es una verdadera lástima y un error lamentable que el papel de arbitraje de la institución monárquica en caso de conflicto grave y bloqueo constitucional en el país se haya malogrado sin ni siquiera intentar una negociación seria entre las partes implicadas.

De hecho, la función esencial de una monarquía constitucional es buscar consensos (en lugar de ordenarlos) desde la autoridad moral de una imparcialidad de miras. Tras los últimos escándalos protagonizados por la Casa Real, incluidos los del propio Monarca, sólo faltaba esta toma de posición sin matices ni propuestas, para deslegitimar a la institución en la mente de muchos catalanes y unos cuantos españoles. ¿De cuántos? ¿Podemos hablar de crisis entre Catalunya y España a partir de una manifestación multitudinaria en la que la estadística de participantes se convierte en argumento definitorio? Hay indicios suficientes para intuir que tal vez una mayoría de catalanes y posiblemente el Parlament resultante de unas próximas elecciones apoyan en estos momentos una transición nacional hacia una Catalunya soberana. Sólo indicios. Demasiada incertidumbre para abrir sobre esa base una crisis constitucional. Pero hay una forma sencilla de salir de dudas: un referéndum popular, con las debidas garantías, con carácter consultivo, en el que los ciudadanos de Catalunya se pronuncien. Al menos ahí sabremos todos a qué atenernos, aunque sea para preparar logísticamente el despliegue de la Legión en territorio catalán. Porque en realidad lo que están pidiendo muchos ciudadanos y una buena parte de la sociedad civil y de las fuerzas políticas en Catalunya no es la independencia inmediata sino el derecho a decidir sobre las competencias de sus instituciones de autogobierno, negociando con el Estado español una modificación constitucional en nombre de ese mandato. O aplazando el plantear mayor autonomía si las posiciones soberanistas resultan ser minoritarias. De hecho, ese fue el caso de Quebec, tras la derrota de la opción independentista en dos referéndums. Aun cuando Canadá fue suficientemente inteligente y flexible para elevar el techo autonómico de Quebec, en donde por cierto acaba de ganar las elecciones el partido independentista aunque con una minoría del voto. Si tan seguro está el PP de la mayoría silenciosa de Catalunya, votemos. Pero en realidad no es esa la posición ni del PP ni del Monarca. La unidad contable de la democracia es España. Y su texto fundamental una Constitución que se votó en circunstancias excepcionales en donde la amenaza latente de unas fuerzas armadas impredecibles (como se comprobó en 1981) y la persistencia de amplios sectores franquistas en las élites del país, obligó a un ejercicio notable de concesiones mutuas que se plasmó en un compromiso constitucional. De hecho, como todas las constituciones en el origen de las democracias.

De eso hace 34 años y la sociedad española (y aún más la catalana, en términos culturales y de autonomía) se han transformado profundamente, sin que esa transformación haya sido expresada en el marco constitucional. Pero las constituciones que perduran (y las monarquías postabsolutas que perduran) son las que se adaptan a la evolución de la sociedad. No las que se convierten en un texto sagrado e inviolable defendido a capa y espada (sobre todo) cuando les conviene a los detentores del poder. Y luego resulta que el sagrado texto se puede enmendar en un día, con nocturnidad veraniega y alevosía, cuando lo pide Merkel so pena de imponer una dictadura económica que en último término acabó imponiendo. En serio, se trata de un enfrentamiento entre el nacionalismo intransigente español y el por ahora sensato nacionalismo catalán, con un Rey paladín de una España que no respeta las aspiraciones históricas de sus importantes minorías nacionales.

¿Que ahora no toca porque hay una crisis económica? Las mayores crisis institucionales se producen precisamente cuando hay crisis económicas y sociales que agudizan las frustraciones de los pueblos. ¿Remar todos juntos? A condición de que no sea que unos remen y otros batan el ritmo con sus tambores. Precisamente porque hay una crisis económica estructural (agravada por no sé qué versión histriónica de orgullo español transformado en política económica) se hace necesario un consenso entre ciudadanos y nacionalidades (cuya pluralidad reconoce la Constitución del Estado español) para que cada nacionalidad y autonomía encuentre su acomodo en lugar de encogerse como piel de asno en la piel de toro. Pero el Gobierno ha cerrado la puerta a un incipiente pacto fiscal incluso antes de recibir al president de Catalunya. Y el Monarca ha remachado el cierre asimilando el legítimo debate de la cuestión nacional a la metáfora de galgos y podencos, reminiscencia de imágenes de cacería.

Mientras, algunos medios pronostican al president Mas la suerte que le cupo al exlehendakari Ibarretxe. Nada que ver. Porque el planteamiento soberanista vasco se hizo en condiciones de enfrentamiento ciudadano en una Euskadi minada por el terrorismo de ETA y con un fuerte e inteligente Partido Socialista. Nada de eso se da en Catalunya en este momento. Ni, por cierto, tampoco en Euskadi, por lo que las próximas elecciones, con el independentismo legal en fuerte ascenso, podrían ampliar la crisis constitucional de Catalunya a Euskadi. Aunque se cierre en banda el nacionalismo español al final tendrá que haber negociación. Porque el proceso soberanista ya ha empezado en Catalunya. Por eso la única quimera real es la de la España una, grande y libre por constitucional que sea.

Manuel Castells, La Vanguàrdia, 22/09/2012

 

 

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