Carlos García de Andoín: Crisis, fiscalidad e Iglesia católica

La exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia católica fue un beneficio singular de los Acuerdos Estado-Iglesia en 1979, pero dejó de serlo en 1992 con su extensión a la federación judía, a las congregaciones protestantes y a las comunidades musulmanas.

Diez años después, en 2002, fue ampliada esta exención por la ley de Mecenazgo a fundaciones y asociaciones de utilidad pública (49/2002), lo que se completó con una reforma de la ley de Haciendas locales que incluía como beneficiarios, entre otros, a los centros concertados, los monumentos declarados de interés cultural y la Cruz Roja, de manera expresa (RDL 2/2004, art. 62.1c). De modo que entidades sociales, educativas, culturales, deportivas y religiosas de utilidad pública y sin ánimo de lucro pasaron a beneficiarse de esta exención, como una forma de colaboración del Estado en la financiación del non profit. Así que en los últimos 20 años, de hecho, la exención del IBI ha dejado de ser un beneficio exclusivo de la Iglesia católica. No es la exención del IBI el privilegio, sino como veremos, su aplicación, muy generosa, y su concepto, demasiado extensivo.

De forma distinta se resolvió el privilegio de la exención del IVA. En 2007, la vicepresidenta De la Vega negoció con la Iglesia católica, y —a través de un “canje de notas”— fue modificado este punto de los Acuerdos Estado-Iglesia, acabando por adaptarse la legislación española a la normativa de la UE. Hoy la Iglesia paga el IVA como todo ciudadano en lo que fue un avance poco conocido y reconocido. Sí queda un privilegio: la exención del impuesto municipal de obras (5%), el ICIO, del que sólo goza la Iglesia católica. Por último si me preguntan si el 0,7% del IRPF es un privilegio que debe desaparecer responderé que sí, pero no por eliminación, sino por extensión e igualación, como ya se ha hecho, a las organizaciones sociales, y lo que aún queda por hacer, a las confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación.

La gravedad de la crisis económica, que tantas cosas está cambiando en este país, y la crítica situación de las arcas públicas, nos deben llevar a revisar las políticas de beneficio fiscal. Pero, como en todo, la solución no está en pegar hachazos ciegos a golpe de pulsiones de austeridad o de viejas querellas. En mi opinión debe mantenerse la exención del IBI a fundaciones y asociaciones de utilidad pública, incluidas las de matriz religiosa, y debe mantenerse a los templos de todas las confesiones de notorio arraigo. De lo contrario la crisis además de llevarse por delante miles de empresas y millones de puestos de trabajo, nos va a hundir también el non profit. Por cierto, en el Estado laico francés los templos construidos antes de 1905 gozan de las mismas exenciones que el patrimonio público —pues son propiedad del Estado—, siéndole además más gravosos, en tanto que le corresponde acarrear con los gastos de su mantenimiento y conservación.

Dicho esto, hay dos aspectos que mejorar y depurar en la aplicación de la exención del IBI a la Iglesia católica. En primer lugar, acabar con una aplicación generosa de la exención vigente. En segundo lugar modificar la legalidad para restringir la exención religiosa a los templos —y a los de todas las confesiones con arraigo—.

Los Ayuntamientos deben exigir a la Iglesia que pague aquellas tasas municipales de las que muchos le han eximido por una gestión de cobro asociada al pago del IBI, pero también que abone este impuesto por todos aquellos bienes inmuebles que han dejado de estar vinculados al culto y la pastoral. Los Acuerdos Estado-Iglesia no eximen de la contribución a pisos, lonjas, garajes y edificios que siendo propiedad de la Iglesia sin embargo ya no tienen usos pastorales. El número de estos bienes, no acogidos por la exención de los Acuerdos, ha ido creciendo por el descenso del catolicismo practicante, el declive de vocaciones y las herencias y donaciones privadas. También por una gestión más moderna y eficiente de los bienes inmobiliarios, que es legítima. Pero si el uso está vinculado al beneficio económico, deben pagarse los impuestos que correspondan. La fiscalidad es una forma pública de comunión de bienes y de redistribución, que debiera ser más apoyada por el discurso y las prácticas de la Iglesia católica.

En segundo lugar, debe plantearse un cambio legal que limite la exención del IBI a los templos. Es cierto que los Acuerdos Estado-Iglesia rigen y que incluyen en la exención también domicilios de sacerdotes, de obispos, casas de congregaciones, etc. pero los ciudadanos, también los católicos, no comparten esta exención, que consideran un privilegio comparativo. ¿Por qué el piso donde reside un sacerdote o el garaje donde guarda su vehículo no pagan el IBI, siendo un vecino como los demás? La Iglesia católica debe dar un paso adelante y renunciar a este concepto de exención demasiado amplio. Es una modificación que requiere ciertamente la revisión de los Acuerdos Estado-Iglesia.

Se ha dicho en estos días que exigir el pago del IBI a la Iglesia católica podría ir en detrimento de Cáritas. En términos generales esto no es así, porque una es la contabilidad de esta entidad y otra la de cada diócesis. Solo es verdad en aquella medida en que alguna partida como los 5 millones de euros que la Conferencia Episcopal aportó a Cáritas en 2011 podría verse reducida por nuevas obligaciones fiscales. Esta cantidad representa algo menos de un 2% de su presupuesto, y podría elevarse hasta un 5% si se añaden contribuciones especiales de las diócesis, cada una a su Cáritas respectiva. Ello no quiere decir que los ingresos de esta organización procedan en su mayoría de subvenciones públicas. El presupuesto de Cáritas, de 247,5 millones de euros en 2010, se nutre en un 65% de fondos de donaciones privadas —básicamente de la comunidad católica—, y en un 35% de aportaciones públicas, en estos términos: 17 millones de administraciones locales, 37,6 millones de CC.AA., 17,6 millones del Estado procedentes del 0,7% del IRPF para fines sociales más 8,8 millones provenientes de otros programas, y, finalmente, 5,9 millones de la Unión Europea.

Muchos católicos, obispos incluidos, estamos contribuyendo con un 10% del sueldo a la solidaridad. Cáritas está redoblando personas y recursos ante una crisis que viene larga y penosa. Son hechos, no palabras y dignos de elogio. Pero la coherencia con estos tiempos de crisis debe alcanzar también a la fiscalidad. Es otra forma de “cáritas política”.

Carlos García de Andoín, El País, 13/06/2012

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