Enric Company: Grandes adversarios, fieles socios

¿A qué realidad política se refiere Josep Antoni Duran Lleida, el recién reelegido líder de Unió Democràtica, cuando habla de confederar a Cataluña? ¿En qué está pensando el presidente Artur Mas cuando habla de soberanía fiscal y asegura que su Gobierno va a hacer que los ciudadanos y las empresas de Cataluña paguen a la Generalitat todos los impuestos que se pagan al Ministerio de Hacienda, tanto si el Gobierno de España lo acepta como si no? ¿Qué significa la autonomía diferencial de la que habló Alicia Sánchez-Camacho en el congreso regional del PP?

Los dirigentes de la derecha catalana llevan meses lanzando grandilocuentes proclamas cuyo denominador común es que no se sabe adónde llevan. Las más chocantes son, desde luego, las de Convergència, por lo que tienen de fuga hacia adelante del principal partido del Gobierno actual. Hablan de soberanía catalana, de Estado propio y de hacienda pública única y también propia, de independencia. No parece importarles mucho ni poco que el interlocutor inevitable para estos asuntos sea el Gobierno de un PP que no aceptó para Cataluña ni siquiera el grado de autonomía asumido por las Cortes en 2006.

El presidente Mas y CiU han bautizado pomposamente con el título de pacto fiscal lo que, llegado el caso, sería cuando más una propuesta de parte para negociar con otra parte, el Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, algo que por definición daría pie a una rebaja en el supuesto de que llegara a ser tomado positivamente en consideración. Se trata de una repetición de la dinámica archiconocida en Cataluña de propuesta, rechazo, frustración. Y vuelta a empezar. En realidad la expresión misma de pacto fiscal es ya en esta ocasión una primera rebaja, pues sustituye a la reclamación de un concierto económico entre Cataluña y el Estado español al modo de los vigentes en Navarra y Euskadi con la que CiU fue a las elecciones. Acierta el primer secretario del PSC, Pere Navarro, cuando afirma que la soberanía fiscal que reclama Mas tiene las mismas expectativas de éxito que en su día tuvo el plan del lehendakari Ibarretxe para convertir a Euskadi en estado asociado a España. Es decir, ninguna.

En esta gama de grandes proclamaciones políticas es fácil apreciar las diferencias entre los partidos del gobernante bloque de derechas. El primero es independentista, el segundo es confederalista y el tercero ni lo uno ni lo otro. Pero no difieren en otros asuntos esenciales. Todos defienden de forma entusiasta el recetario neoliberal que consagra la hegemonía de los mercados financieros desregulados por encima de los Gobiernos. A estas alturas de la crisis económica todo el mundo sabe ya que este es el asunto realmente nuclear en la política. De él depende qué recetas se aplican para afrontar la crisis. Pero nuestra derecha no debate este asunto. Y sin embargo ahí es donde duele, ahí es donde la sociedad catalana sufre las consecuencias.

Mientras discuten como adversarios sobre sus respectivas fiebres nacionalistas, Unió, Convergència y el PP suman sus votos como socios en el día a día para aplicar la política de austeridad contra los asalariados, para reducir el Estado de bienestar y devaluar la economía española con recortes salariales, congelación de pensiones, supresión de derechos laborales, en la asistencia social, la enseñanza y la sanidad. Mejor todavía, a Sánchez-Camacho oponerse al independentismo le sirve para aparentar que no se ha dado cuenta de que la nacionalización de Bankia es en realidad la quiebra del modelo económico impulsado en su día por el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, de la que a su vez los Gobiernos autónomos de Madrid y Valencia dirigidos también por el PP y las cajas de ahorros por ellos controladas fueron entusiastas paladines. Como si todo eso no tuviera que ver con ella ni con su partido, no le cohíbe para nada a la hora de impartir lecciones. Distinguir más o menos acaloradamente sobre soberanismo y confederalismo les permite a Artur Mas y Duran Lleida aparentar que el caso Palau no tiene que ver con una financiación irregular que ha dado ventajas a CiU en sus campañas electorales. Como si el estallido de ese escándalo no hubiera arrojado una clarificadora luz sobre su modus operandi.

Enric Company, El País, 16/05/2012

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